Seguridad alimentaria

Me refiero al sector agropecuario en su conjunto y en especial a los pequeños y medianos agricultores colombianos. Si bien los municipios se han mantenido al margen del contagio del Covid-19, gracias a que han acatado el aislamiento preventivo y a que la geografía y ubicación así se los ha permitido, llama la atención varios aspectos que le merman injustificadamente valor a la actividad agrícola.

En varios medios de comunicación se ha denunciado que nuestros humildes campesinos siguen siendo víctimas de los intermediarios, quienes les compran muy barato su producción y la venden con mayor precio en la ciudades, dando largas a la especulación y generando costos adicionales en los precios finales de algunos productos.

Sin importar la pandemia estos actores se aprovechan de la situación, lo que sin duda desnuda la urgente necesidad de fortalecer los procesos de asociación y las cadenas de suministro desde los municipios y es aquí donde juegan un papel determinante los alcaldes para proteger a estos seres humanos, de quienes depende el abastecimiento de las ciudades donde se concentra el contagio y el mayor riesgo epidemiológico.

Ahora más que nunca, el Estado debe promulgar por la protección de estas unidades agrícolas para garantizar que el desempleo no aumente en el campo y que se sitúa en un promedio del 12%, ya que en las actuales circunstancias este sector es la ‘joya de la corona’ en lo que significa mantener la seguridad alimentaria de la Nación. En este orden de ideas es perentorio dotar los puestos de salud de primer nivel de las localidades para atender urgencias por la epidemia cuando estas se presenten, lo que requiere una plena coordinación entre los entes territoriales.

También por estos días, en el que parte del presupuesto de 2020 irá a atender la emergencia sanitaria, social y económica vale la pena recordar  que seguimos en mora como país de fortalecer las cadenas agropecuarias, garantizar la empleabilidad rural con la debida seguridad social, subsidiar las familias más pobres del campo y especialmente priorizar los recursos para su calidad de vida.

Efectivamente, no hay que olvidar la infraestructura, me refiero a la atención de las vías terciarias y secundarias, la construcción de acueductos y la intervención de escuelas, procesos vitales a partir del segundo semestre de este año a medida que avance la habilitación gradual económica de actividades como la construcción y las obras civiles, especialmente para zonas priorizadas por el conflicto armado como por ejemplo, el sur del Tolima, el Catatumbo y el Cauca, entre otros.

La inversión pública del Gobierno, los recursos que se  puedan habilitar de las regalías y los Planes de Desarrollo de los alcaldes, aún por redefinirse en el escenario actual y entrar en vigencia, están llamados a priorizar este tipo de obras. Otro aspecto relevante es la adecuación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyas falencias en conexión sufren los estudiantes de los municipios más apartados y que impiden un verdadero reinicio de actividades escolares; además, un uso mayor de las TICs le permitiría a los agricultores realizar negocios directamente con potenciales compradores. Sin duda, el país debe avanzar en la cadena productores, empleo, transformación, transportadores, distribuidores y consumidores.

Por años nuestros campesinos soportaron la violencia, un conflicto armado a mayor escala, el desplazamiento, la extorsión y la presión de toda clase de criminales y bandidos. Hoy, de pie, soportan en sus espaldas la difícil tarea de garantizar la producción de alimentos en medio de una pandemia imprevista y que nadie sabe a ciencia cierta su extensión en el tiempo. Hoy más que nunca dependemos de nuestro campesinado y sería un error mayúsculo no orientar acciones públicas para garantizar que su noble esfuerzo cuente con todas las protecciones legales para mejorar su calidad de vida y dignificación laboral. Las tareas del campo han sido y seguirán siendo invaluables.