El origen del oficio es remoto, pero notario viene del latín “notarius”. Es el mismo escriba egipcio, “singrapho” griego, escribano hebreo y tabellione romano. Su labor consistía en transcribir y redactar documentos comerciales sin valor legal. El tabellione surgió entre 100 y 200 después de Cristo, en el 300 comenzó a desempeñar oficios más importantes, evolucionando luego en secretario imperial con atribuciones oficiales.
 
Con Carlomagno el acto notarial subió de categoría, mas  hasta el siglo XII generó en instrumento legal. Cristóbal Colon trajo notario para  certificar posesión de los Reyes Católicos sobre nuestras tierras, desde entonces el notariado se tomó América. En el 800, Napoleón modernizó su estructura y, con escasos retoques,  sigue siendo base de leyes notariales en casi todo el mundo. En Colombia, el notario es persona natural, investida por Ley para cumplir la función pública de dar fe de actos, documentos y hasta matrimonios.

Pecado viene del latín “peccatum”. Los griegos lo llamaron “hamartia”, los hebreos “jattá’th. Significaba errar el blanco o no alcanzar objetivos. El Antiguo Testamento lo transformó en mancha y pesado fardo para cargar. En el Nuevo Testamento la mancha permanece y el fardo transmuta en deudas por pagar. Se evidencia en el Libro de Daniel cuando el Profeta sugiere a Nabucodonosor aportar limosna para limpiar pecados, asegurar redención y lugarcito en paraíso. Entonces, pecado es un débito financiero anotado en el libro contable del banco celestial, que se paga tributando limosna en cómodas cuotas mensuales.

Según los santos Agustín y Tomás de Aquino, pecado es “una palabra, acto o deseo contrario a la Ley Divina”. O sea, es la transgresión a preceptos religiosos, mas no  a la Ley Civil. Por ende, la Iglesia Católica no  puede amedrentar a los notarios, amenazándolos con convertirles en pecado la acción de legalizar uniones homosexuales. Además, exigiéndoles desobedecer una sentencia de efectos obligatorios, la Iglesia no comete pecado sino delito, porque conmina a insubordinarse contra la Corte Constitucional, ente judicial del Poder Público que vela porque se cumpla nuestra Carta Política. 

La Corte  ordena unir a parejas homosexuales en “vínculo contractual y solemne” y, la legislación colombiana no tiene otro vocablo distinto a “matrimonio” para designar esta unión. O sea, el pecado es semántico. Es decir, la deuda a pagar lo ocasionaría tan sólo una palabra.  Que vaina, porque en nuestro país hay miles de injusticias y situaciones sociales, de las cuales la iglesia sí podría opinar y ayudar a resolver. 

De todas maneras, si por temor al castigo divino, anatema o maldición eterna, los notarios prefiriesen la sanción terrenal, el matrimonio gay lo formalizarían los jueces que, siendo autónomos en sus decisiones,   aplicarán la sentencia basados en nuestra Constitución, que ordena iguales derechos para todos los ciudadanos.