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Pero más allá de esa discriminación, lo importante es que la venta para el consumo regularizado beneficiaría a miles de campesinos cultivadores, a pequeños y medianos empresarios que podrían comercializarla en mejores condiciones de salubridad y de mercado. Toda una industria legal para esa demanda recreativa, y que no quede como el medicinal, exclusivamente en manos de multinacionales, grandes emporios y manufactureros poderosos que son a quienes les fueron dados los permisos y licencias en el país, beneficiando como siempre a unos pocos y dejando por fuera a toda la cadena de cultivo y producción compuesta por miles de familias y campesinos que ancestralmente viven de la siembra, recolecta, empaquetamiento y venta rural; dejando la distribución y comercialización al por mayor y menudeo en manos de traquetos, dueños de ollas y grupos delincuenciales urbanos que viven al máximo de la ilegalidad obteniendo millonarias ganancias y son los que causan los enormes daños sociales que padecemos.
Según cálculos de la propia ONUDC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2013 y 2015 por lo menos 200 millones de personas en el mundo utilizaron la cannabis y no precisamente para uso médico, es decir, una enorme demanda de su consumo para entretenimiento. Devid Nutt, de los escritores y investigadores más citados en este tema, indica que uno de los beneficios de la regulación del consumo placentero es precisamente retrasar la edad de consumo al limitar su acceso y con ello el riesgo que existe, por supuesto, de problemas pulmonares, cognitivos y cardiovasculares, en especial si el consumo inicia a edades tempranas entre jóvenes que son empujados a ello por la prohibición, el tabú, la presión social y el interés de jíbaros y lavaperros de enviciarlos.
Además, al tener el control de la producción y comercialización del producto se puede evitar, con ese control al mismo, que cierto tipo de microorganismos invasivos de algunos tipos de la planta lleguen a dañar el organismo humano, por lo que podría establecerse qué tipo de producto, bajo cuáles características y porcentajes de THC y SBD, componentes psicoactivos y medicinales de la marihuana, se mantienen en un porcentaje adecuado para cada tipo de consumidor y así reducir el riesgo de los consumidores en general, los medicados y de quienes lo hacen regularmente de forma recreativa e incluso de quienes tengan problemas psicóticos, según como lo ha expresado el psiquiatra Pablo Zuleta, experto en adicciones y farmacodependencia. Tal cual como ahora se aplica en algunos estados de Estados Unidos.
Según dicen otros expertos, regular el consumo recreativo puede servir hasta para tratar a quienes tienen problemas con psicoactivos como el basuco, al bajar sus niveles de ansiedad. Otro beneficio de tal regulación sería permitir más seguridad y beneficios reales para vendedores, compradores y productores dentro de la legalidad. Ni que decir de la generación de empleo directos e ingresos para casi todas las familias que están involucrados en la cadena, dejando por fuera a los narcotraficantes, quienes se nutren totalmente de su ilegalidad. Hasta la Policía se desgastaría menos a sus efectivos y recursos en persecuciones y operativos.
En fin, creo que es un tema que debe comenzar por estudiarse, discutirse y analizarse como lo han hecho ya varios países del mundo, por el bien de miles de familias y de nuestros propios bosques y ecosistemas. Y conste que quien escribe estas líneas no es consumidor ni habitual ni ocasional de ese producto, pero creo que no es ocultando la realidad ni volteando la cabeza para no afrontar el tema que se puede dar una solución beneficiosa al mismo.
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