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Lo que pretende el llamado es que la Internet sea, cada día, un espacio más seguro y que la información suministrada allí sea verificada y verificable.
Se “pretende formular directrices que ayudarían a que los reguladores, gobiernos y empresas manejen el contenido que socava la democracia y los derechos humanos, al tiempo que respaldan la libertad de expresión y promueven el acceso a información precisa y fiable”, señaló Diario Libre al respecto, con información de la AP.
Precisamente ese diálogo al que se invita y que se hace cada día más necesario, lo que requiere es que se cuente con más y mejores herramientas jurídicas, leyes, normas y que las compañías dueñas de las redes sociales y plataformas, así como de la Internet, deban rendir cuentas públicas de sus contenidos; sobre todo, como arriba se dijo, de aquellos que atenten abiertamente contra la democracia, las libertades individuales y colectivas y los derechos humanos, que promueven la libertad de expresión y sus contenidos sean fiable y precisos.
Lo que se busca es que las redes sociales y sus dueños ayuden a promover el llamado “bien común”, para controlar un poco las informaciones falsas, las teorías conspirativas y fantasiosas, que gracias a sus redes se propagan mucho más rápido que la verdad misma. Se trata un poco de disertar y seguir los pasos de la Unión Europea, que en el 2022 aprobó un proyecto de Ley denominado Servicios Digitales, dirigida específicamente sobre las industrias tecnológicas y que las obliga a regular y vigilar con mayor detalle sus informaciones y productos comunicativos, para que el llamado contenido dañino, los discursos de odio y la desinformación no afecte a sus usuarios.
Pero, igualmente urgente y necesaria es esta discusión mundial, frente a posturas como las que ha adoptado el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se ha inclinado recientemente por mantener a las compañías a salvo de los contenidos que en ellas se publiquen y no las quieren responsabilizar de ellos, incluso si son apologías a grupos terroristas o extremistas. Con un agravante, al parecer y según reconocen los propios jueces de la Suprema, ni conocen, ni están preparados ni son expertos en la Internet en debida forma.
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