Pues bien, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, acaba de publicar su informe sobre Colombia, Razones para la Esperanza, y el punto de partida del mismo es que el país no podrá insertarse plenamente en el mundo globalizado, modernizar su economía, superar la pobreza, resolver el conflicto armado y saldar el histórico conflicto agrario sin una reforma rural transformadora que no da más espera.

La cuestión agraria fue abordada en varias oportunidades durante el siglo pasado, principalmente en los gobiernos de López Pumarejo y Lleras Restrepo. En ellos se intentó, con poco éxito, hacer reformas agrarias. Pero luego, con el proceso de urbanización del país, y una incipiente industrialización, se aseguró que ello era secundario. Lo importante y urgente era lo urbano. Que, además, en el mundo contemporáneo democratizar la tierra era equivocado porque la agricultura exigía producción industrial, y que nuestros campesinos no sabían producir a escala. Que fragmentarla, tocar el latifundismo, era una equivocación.

Con esos criterios se abandonaron el campo y la producción de alimentos, hasta tal punto que hoy importamos más de 10 millones de toneladas, y la seguridad alimentaria se encuentra amenazada. Se dijo también que así nos beneficiábamos de los subsidios norteamericanos y europeos.

Pero mientras las élites gobernantes dogmatizaban lo anterior, las grupos armados irregulares (paras, narcos y guerrilleros) hacían a sangre y fuego una reforma agraria negativa y corrían los cercos de las grandes haciendas.

Millones de pequeños campesinos eran despojados de sus tierras y desplazados a los centros urbanos. De este modo, la mafia, en sus diferentes expresiones, se apoderó de cuatro millones de hectáreas. Para estos grupos la tierra sí era importante, les permitía controlar territorios y asegurar el éxito de sus actividades delictivas  y garantizarse impunidad. Conectando una finca con otra configuraron territorios casi soberanos en donde reina su ley, terrenos vedados para los jueces, fiscales y jueces. Estados dentro del estado. Santos denunció esta semana que en el Meta se robaron más de doscientas mil hectáreas, puedo asegurar que éste no es un caso aislado, que en otros departamentos pasa igual.

Ahora bien, según el informe de PNUD el país es más rural de lo que se creía, el 75.5 por ciento de los municipios son rurales, en ellos vive el 31.6 por ciento de la población (no el 25 por ciento, según el Censo de 2005) y éstos cubren el 94.4 por ciento del territorio. ¿Cómo decir entonces que el problema de la tierra es intrascendente?

Parece ser que Santos tiene un enfoque diferente, de allí su interés en la ley de restitución de tierras. Este es un paso muy importante. Nadie lo niega. Pero quiera Dios que su implementación no desate una nueva ola de violencia homicida, como ya parece insinuarse. Históricamente el campo ha sido escenario de violencia y confrontación armada, y me temo que, con el auge de la minería, lo va a ser más aún. Es posible que la violencia se exacerbe.

El intento por industrializar el país ha fracasado. El jaque se lo dio la globalización económica, y el mate se lo darán los TLC; alguien puede decirme ¿en qué somos competitivos industrialmente? Tenemos que volver a mirar al campo. Recuperarlo de las manos violentas, para lo cual resulta indispensable democratizarlo y ajustar el catastro, a fin de que los terratenientes paguen impuestos. No hay equidad tributaria, tributa más una vivienda de interés social en Bogotá, Cali o Medellín, que una finca de 500 o mil hectáreas en cualquier región. El problema de la tierra sigue sin solución. En buena hora tenemos el informe del PNUD.