Hace 20 años cayó abatido en Medellín, Pablo Escobar, el icono global del narcotráfico, y si bien es verdad que con su muerte se dio fin al narcoterrorismo, también es verdad que el negocio continúa intacto, ya inclusive se habla de narcotraficantes de tercera generación.

La administración Obama ha dicho cosas interesantes. Una es que está dispuesto a discutir sobre la legalización, aunque no esté dispuesta a cambiar su política, y la otra es que los gobiernos latinoamericanos son libres para adoptar la estrategia que cada cual considere conveniente. Colombia también le reconoce a EE.UU. su derecho a ser prohibicionista, no faltaría más, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Qué pasaría si México y Colombia, despenalizaran la siembra de marihuana y coca, y legalizaran el consumo de sus derivados. ¿Respetarían de manera soberana esta decisión? Ahora dicen que sí, pero durante las últimas décadas han hecho absolutamente todo lo contrario. Washington siempre ha satanizado a quien no se pliegue de manera dócil a sus decisiones. País que no sea “certificado” como colaborador en la guerra contra las drogas sufre sanciones y descalificaciones, ahora no pueden negar esto.

Pero bueno, quizás no es conveniente meterle política al asunto. Lo claro es que hay un giro casi copernicano y hay que reconocerlo. El presidente Santos podría hacer historia en Cartagena durante la próxima Cumbre de las Américas. Dudo que alguna reunión de estas haya despertado tanto interés. Si el gobierno colombiano adopta una postura audaz frente a este asunto, los colombianos todos tendríamos el deber de respaldarle. Desde luego que internamente no existe consenso sobre si legalizar o no las drogas, pero repito, podría comenzarse con la despenalización del cultivo y el consumo de la marihuana. Según un estudio de un estudiante en la Universidad de Princeton, Gustavo Silva Cano (citado por la periodista Adriana La Rota), los homicidios ocurridos en Colombia entre 1990 hasta la fecha, relacionados con el tráfico de estupefacientes, ascienden a 450 mil. Es como si toda una ciudad intermedia colombiana hubiese desaparecido. Se trata de algo monstruoso. No se puede ser indiferente ante una realidad como ésta.

El prohibicionismo infla el precio de esas malditas drogas a unos niveles astrológicos y por ello hay personas dispuestas a matar y a hacerse matar. Si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo. Desde luego que la legalización no acaba con el consumo, pero termina con la violencia homicida que le acompaña, lo cual es mucho. El narcotráfico no es sólo un destructor de vidas, sino de instituciones y de valores. Ha distorsionado la precaria democracia colombiana en más de una ocasión; ha hecho estragos en el poder ejecutivo, en el judicial, en el legislativo, en las Fuerzas Armadas, etc. Ha comprometido de manera vergonzosa la soberanía, todos los gobiernos de los últimos años han tenido una actitud arrodillada frente a Washington frente a esta política, y ello mina de manera grave la credibilidad institucional y la unidad nacional. A muy poca gente la gusta tener gobernantes sumisos. Colombia debe reivindicar su derecho a transitar un camino diferente. Necesitamos poner del lado de la legalidad a miles de campesinos que cultivan marihuana y coca porque no tienen otras opciones válidas y rentables.

Por qué no estudiar la propuesta de Jacques Chirac de hace unos años: que el mundo compre la producción de coca y marihuana. Colombia tiene derecho a vivir una historia diferente.