La base del sistema es la competencia entre los ofertantes, para que los consumidores se beneficien del esfuerzo por brindar un producto o un servicio de mejor calidad y precio. El Congreso de la República tiene la oportunidad de reivindicarse con los colombianos y votar leyes antimonopolio en los principales sectores estratégicos de la economía.

Celebro que 19 senadores, de todas las tendencias políticas, hayan tomado la decisión de presentar un proyecto de ley que apunta a desmontar el monopolio y a promover la competencia en el sector de las comunicaciones móviles en Colombia, esto es una muestra de que si se mira el interés nacional y no el personal se pueden hacer muchas cosas buenas por el país. Intuyo que a esta convergencia por la defensa del interés nacional se ha llegado gracias a los debates que sobre el monopolio de la telefonía móvil han adelantado los senadores Jorge E. Robledo y Juan Mario Laserna, el uno del Polo Democrático y el otro del Partido Conservador, pero es alentador que sean proponentes de este proyecto de ley senadores de todos los partidos, lo cual hace pensar que será votada favorablemente, aunque nunca se sabe, el cabildeo de los grandes poderes tiene mucho$ argumento$ para persuadir, luego si se quiere que este proyecto pase se va a requerir del apoyo de todos, y de la propia administración Santos, que no puede pasar de agache.

Existen sobradas razones para votar una ley antimonopolio. Colombia en este aspecto está más que retrasada. La primera norma de este corte se votó en EEUU en 1890, la famosa ley Sherman, que expresa el compromiso de garantizar un mercado de economía libre en el cual la competencia, libre de restricciones gubernamentales y privadas, conduzca a los mejores resultados para los consumidores. Dicha ley considera ilegales todos los contratos, combinaciones y conspiraciones que restrinjan el comercio interestatal y exterior. Esto incluye acuerdos entre competidores para fijar precios, amañar ofertas y dividir a los consumidores. También califica como delito monopolizar cualquier parte del comercio interestatal y considera que hay monopolio cuando una sola firma controla el mercado de un producto o servicio, suprimiendo a la competencia. En otras palabras, en EEUU don Carlos Slim (dueño de Claro) no podría tener las gabelas que tiene en Colombia, donde presta un pésimo servicio a precios carísimos. Allí le darían hasta cárcel, aquí le hacemos la venia para no dañar la confianza inversionista.

Se puede decir, sin exagerar, que en Colombia se caen, al menos, un diez por ciento de las llamadas de la telefonía celular. No obstante, nos cobran la llamada, es un truco rentable. Eso se llama fraude, sería como comprar una decena de plátanos o de huevos y que uno de ellos saliera podrido. Ahora bien, en honor a la verdad, la mala calidad del servicio y los precios excesivos no son exclusividad de Claro, las otras empresas tampoco se quedan atrás, ni mucho menos. Y lo que más duele es que a los operadores no les pase nada, que el Gobierno no les obligue a indemnizarnos ni los sancione. La situación que se vive en este campo aberrante, es lo más parecido a lo que podría denominarse una “dictadura corporativa”. Abusan de los usuarios de manera impune. Se requiere de leyes severas que salvaguarden los intereses de los consumidores. La telefonía móvil y el Internet son, hoy por hoy, un servicio público esencial, casi un derecho fundamental. Hay que defenderlo. Comencemos por una ley antimonopolio.