Con frecuencia encuentra uno funcionarios que todavía reclaman los sellos suprimidos desde el 2005 y vueltos a suprimir a partir del martes de esta semana y muy a pesar de que la cédula es ahora un instrumento único nacional, se continúa preguntando el lugar de su expedición. La diferencia que existe entre una empresa pública y una entidad de derecho privado es que aquélla es lenta en su proceder y sus asuntos están llenos de trámites y requisitos inútiles que lo único que hacen es entorpecer las gestiones de los ciudadanos y desde luego fomentar la corrupción que tiene su origen precisamente y muchas veces, en esos engorrosos inconvenientes que se le presentan a las personas que necesitan del Estado. Un ejemplo típico continúa siendo, pues esto no lo eliminó la ley antitrámites, la obligación de presentar personalmente por quien los suscribe algunos documentos como son el caso de los poderes, demandas, desistimientos, revocatorias de poder etc., que se tramitan ante la justicia ordinaria, sancionando su inobservancia con el desconocimiento de su contenido si no se cumple este inútil, obsoleto, fastidioso e innecesario requisito. Ahora, si la ciudadanía no hace valer sus derechos, por llamarlo de alguna forma, consagrados en la ley antitrámites, ésta será perfectamente ineficaz y no pasará de ser una buena intención del gobierno de turno. Lo anterior implica que es obligatorio conocer su contenido y reclamar su aplicación, respetuosa pero enérgicamente, ante el funcionario de turno que pretenda imponer requisitos eliminados por la ley, teniendo en cuenta que esto no se logra regañando ni tratando mal al funcionario, sino presentando quejas formales ante los superiores inmediatos a fin de que éstos entiendan lo que sucede y apliquen los correctivos de rigor.