Castilla, corregimiento de Coyaima en el Tolima, es conocido por los deliciosos pandeyucas, exquisitas almojábanas y crocantes bizcochos de achira que obliga a quienes transitamos de ida o regreso a Natagaima, Aipe o Neiva a hacer un alto en el camino y detenernos por minutos a degustar una muestra más de la placentera gastronomía tolimense.
Sin embargo, la breve estancia no permite percibir la realidad hidrosanitaria que afrontan los habitantes de este pequeño poblado y quienes vienen exigiendo hace más de 30 años solución a los delicados problemas de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y suministro de agua potable que padecen. Lo que los obliga a consumir agua contaminada tomada de pozos de aguas profundas, construir en cada residencia pozo séptico para arrojar las excretas o – en algunos casos –tener que hacer sus necesidades fisiológicas a cielo abierto.
Aunque el municipio ha contratado en dos ocasiones (1992 y 2005) la construcción del alcantarillado y adecuación de una planta de tratamiento de aguas residuales, estos han sido intentos fallidos por solucionar tan grave problema, porque los más de 500 millones de pesos entregados para la obra pasaron de las cuentas corrientes públicas a los bolsillos privados, bajo la mirada cómplice de los órganos de investigación penal, fiscal y disciplinario.
El tema reviste de nuevo actualidad, ante la crisis gerencial y de credibilidad por la que atraviesa la Edat (Empresa departamental encargada de dar solución a estos problemas), porque lo de Castilla es solo la muestra de un problema generalizado en muchos de los municipios del Tolima, muy similar tanto en sus necesidades como en el desvío de recursos públicos.
Acá en la capital, Ibagué, aún se deshojan margaritas tratando de decidir si los dineros prometidos por el Gobierno nacional se invierten en la continuidad del acueducto complementario o se construyen tanques de almacenamiento, por la cloaca que ha quedado con la empresa Acualterno en la ejecución del controvertido contrato de instalación de la tubería que sirve de ornato en la variante a Cajamarca.
Chaparral, fortín poblacional y comercial del sur del Tolima, sufre prolongados períodos de escasez de agua potable, mientras el Gobierno nacional invierte miles de millones en el entorno urbano, construyendo moles de concreto para el funcionamiento de la Justicia, pero olvidando el problema más sentido de su población, la construcción de un eficiente acueducto y una adecuada planta de tratamiento.
En San Antonio están felices porque se firmó el contrato de optimización del acueducto urbano, después de una lustros de espera, pero hacen rogativas para que no les suceda lo de Castilla con la construcción de su alcantarillado.
De ahí, que no nos haya sorprendido escuchar por los noticieros radiales a una compungida líder popular de Saldaña vociferando fuerte y con rabia: No nos engañen más. Por favor señor gobernador, usted sacó más de tres mil votos saldañunos con la promesa de solucionarnos el problema del agua y ya se va ir y no hizo nada ¡Infames, no nos engañen más!
Mientras los romanos hace más de dos mil años construyeron 11 acueductos que sirvieron y sirven para el suministro de agua potable a su población, obras de ingeniería que perduran y son motivo de admiración mundial, en Colombia nuestra dirigencia politiquera sigue haciéndose elegir, elección tras elección, con mentiras y promesas para solucionar tan apremiante necesidad.
Sobran razones entonces para unirme al acto de denuncia pública y protesta de la dirigente sureña, y como ella grito: ¡Infames, no nos engañen más!
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