Muy ocupado debe estar el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, tratando de justificar los multimillonarios gastos en que ha incurrido la entidad que dirige, contratando asesores, consultores y recomendados políticos, como para recordar que en pocos meses abandona el cargo y la regional del Tolima está igual o peor a como la encontró al momento de su posesión.
Olvidó rápido las promesas que en público y en privado hacía a sus coterráneos de lograr que esta entidad en su departamento recobrara el rumbo perdido hace años y agilizara la labor funcional de lucha contra la corrupción estatal, la criminalidad organizada y el amancebamiento de sectores empresariales, políticos y de la Fuerza Pública con éstos.
Por el contrario, su actitud hacia su casa no ha sido nada ejemplarizante. Mientras en otras ciudades y departamentos se judicializa y condena a integrantes de carteles de contratistas de la salud, de la educación y cuanta desviación de poder o de recursos en la contratación estatal hay, en el Tolima se mantienen incólumes estas estructuras.
Hechos de corrupción como los sucedidos con los recursos de la educación y alimentación de niños de Buenaventura o municipios de la Costa Caribe, han sido amplia y reiteradamente denunciados hace más de una década en Ibagué y el Tolima sin que pase nada.
“Escombreras” del paramilitarismo hay en este departamento, sin que sus cómplices o coautores delatados por los mismos que las alimentaron con sangre y cuerpos de campesinos, estudiantes e indígenas hayan sido siquiera llamados a una indagatoria (Proceso penal escritural) o un interrogatorio (Proceso penal oral).
“El tubo” de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, oxigenó durante varios años al paramilitarismo con la permisividad de algunos de sus directivos e integrantes de la Fuerza Pública, que patrocinaron la extracción de hidrocarburos como forma de financiación tal como fue denunciado por integrantes del Frente Ómar Isaza y el Bloque Tolima (Unidad de Justicia y Paz satélite de Ibagué y Especializadas).
Las revelaciones de nexos de empresarios con estas organizaciones quedaron en el papel, las de políticos están a medias.
Tuvo una única oportunidad el fiscal Montealegre de reivindicar el papel de la fiscalía en el Tolima en estas sensibles áreas de la criminalidad, pero olvidó su casa.
Prefirió oxigenar políticamente a los paisanos que en el legislativo debían tramitar sus proyectos o en la Comisión de Acusaciones tienen que investigarlo.
Como en el adagio popular, el azadón nos salió de palo.
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