El 20 de noviembre de 1945, un semestre después de la rendición alemana ante los países aliados (Gran Bretaña, Estados Unidos, Unión Soviética y Francia), comenzó a funcionar el Tribunal Militar Internacional en la ciudad alemana de Nuremberg, creado para juzgar los crímenes contra la humanidad perpetrados por la militancia nazi fiel a Adolfo Hitler.
Sólo 21 de los responsables fueron juzgados. Y, sus principales líderes (Hitler, Joseph Goebbels y Heinrich Himler) fueron excluidos tras conocerse su muy posible suicidio. A 12 de los acusados se les condenó a pena de muerte, tres a cadena perpetua, tres a prisión superior a 10 años y tres fueron absueltos.
Este fue el inicio de una serie de condenas proferidas por tribunales internacionales ad hoc (Tokio 1946, Kioto 1947, Ruanda 1994) por delitos de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, que hoy son de competencia de un tribunal permanente con competencia a partir de 2002, con sede en La Haya (Países Bajos), denominado Corte Penal Internacional (CPI).
La mención resulta necesaria, toda vez que conforme al acuerdo suscrito entre el gobierno colombiano y la insurgencia de Las Farc, se hace uso de la figura de la Justicia transicional para evitar que los actores del conflicto interno inmersos en conductas punibles de competencia de la CPI, sean juzgados por ésta, al percibirse la posible existencia de impunidad por parte del Estado.
De ahí, que tanto insurgentes como militares, políticos, empresarios y servidores públicos en general que hayan participado bajo cualquier título en la comisión de esta clase de delitos, deban reconocer sus crímenes y delatar a sus compinches para merecer penas de alternatividad penal, porque de lo contrario serían juzgados por el Tribunal de Paz que aplicaría penas de prisión que posiblemente oscilarán entre 10 y 20 años.
El tema así propuesto resulta interesante, porque nada mejor que después de cincuenta años de desangre se pueda conocer la verdad de un holocausto en el que la oposición armada y los defensores del establecimiento (Fuerzas Militares y organizaciones paramilitares) con el apoyo de empresarios, políticos y servidores públicos, concertaron sus intereses para ejecutar actos caracterizados como de guerra o de lesa humanidad.
Es la mejor oportunidad para hacer un borrón y cuenta nueva, pero con el castigo social, político y judicial de los actores, entendiendo por éstos a quienes empuñaron las armas, los financiaron y los auparon para la comisión de sus delitos.
En el Tolima estamos a la espera de este trascendental fenómeno, que empezó a opacarse con la investigación y el juzgamiento a los paramilitares por el silencio pago de los mandos medios (Del FOI y el Bloque Tolima) y el asesinato de uno de sus comandantes, quien parecía decidido a contar su verdad, Diego Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’.
Un capítulo que es necesario cerrar, antes de abrir el del presente, porque sin VERDAD y JUSTICIA jamás podrá haber arrepentimiento y reparación.
Es la única manera de sanar unas heridas que en nuestro departamento tiene a miles de viudas, huérfanos y desterrados sin poder dormir tranquilos ante la evidente impunidad.
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