“Si los trillizos montan a Toledo, el próximo alcalde será El Socio”.
Este improvisado chiste, (Esa fue su intención) lanzado por un ingeniero en una tertulia de amigos, me puso a reflexionar en serio respecto a una nada remota posibilidad política y de futuro incierto para nuestra ciudad.
Porque el poder económico, clientelista y burocrático de la maquinaria política que empuja la candidatura a la alcaldía de Jhon Ésper Toledo, está consolidado y agrupado y hace hasta lo imposible para no perder esa gallinita de los huevos de oro en la que han convertido la administración municipal, de la que se lucra esta camarilla hace cerca de 15 años. De lograr su objetivo el 25 de octubre, las condiciones políticas estarán dadas para considerar esta o cualquier otra posibilidad.
Quedaría una vez más demostrado que Ibagué no dista mucho en la práctica política de cualquier municipio de la Costa Pacífica o Atlántica, en donde los gobernantes se eligen a fuerza de plata, politiquería y mafia.
Y jurídicamente todo juega a favor de Eduardo Restrepo Victoria para que pueda en los próximos años participar como candidato – si así lo quiere – en cualquier contienda electoral nacional, departamental o municipal.
A pesar de estar condenado por la justicia estadounidense por el ilícito de narcotráfico y por la colombiana por concierto para delinquir (El de porte ilegal de armas le prescribió. Radicado 36421 del 26 de octubre de 2011, Sala Penal, Corte Suprema de Justicia) su situación judicial quedaría cobijada dentro de la Justicia Transicional que es parte del contenido del Acto Legislativo que hace tránsito en el Congreso por iniciativa del Presidente de la República.
Preciso es recordar que los delitos por los que está condenado “El Socio” han sido catalogados en recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, como delitos conexos a los llamados delitos políticos y que en virtud del “Acuerdo de La Habana” se ampliaría para su inclusión dentro de Justicia Transicional a las actividades de paramilitarismo y delitos cometidos por servidores públicos e integrantes de la Fuerza Pública, siempre y cuando tengan relación directa con el conflicto armado.
Y si él acepta cargos por paramilitarismo por haber financiado y apoyado al Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia – como está probado judicialmente – sus delitos de narcotráfico y concierto para delinquir serían considerados como conexos al delito de paramilitarismo, lo que lo habilitaría en un próximo futuro para aspirar a cualquier cargo de elección popular.
Como las organizaciones políticas que en este momento hacen parte del llamado “Pacto de Toledo” (Aquel que se firmó bajo la penumbra de un establecimiento nocturno de la ciudad) cuentan con gran parte de su dirigencia muy cercana y comprometida con Restrepo Victoria, no habría obstáculo alguno que detenga su probable postulación y elección en el 2019, si así éste lo aceptara.
Lo único que nos salva del evidente desastre es un respaldo masivo del voto de opinión que permita el inicio del fin de una dirigencia mafiosa que nunca antes había estado tan unida y sin máscara como ahora. Claro la juegan toda por su supervivencia.
La opción es el voto consciente, el voto de opinión. ¡O votamos o acaban lo que nos queda de ciudad!
Comentarios