Releyendo el último informe del colectivo Ibagué Cómo Vamos (2015), no dejó de alarmarme la percepción que tienen los encuestados sobre aspectos referidos a la seguridad y legitimidad de algunas instituciones.
Conforme al estudio, el 18 por ciento de los ibaguereños ha sido víctima de algún delito. De este universo, el 57 por ciento de víctimas no denuncia teniendo como principal justificación para su omisión la falta de confianza en las autoridades. Del 43 por ciento que denuncia, uno de cada 10 está convencido de que su denuncia no prosperará.
Siete de cada 10 ibaguereños consideran que las autoridades no están haciendo nada para mejorar la seguridad. Y, ocho de cada 10, creen que la Justicia no contribuye a reducir la criminalidad.
Estas impactantes cifras, producto de un detallado análisis elaborado por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de reconocidas entidades del sector privado, son complemento de otros estudios y encuestas de orden nacional que arrojan bajos niveles de credibilidad y confianza de los colombianos -incluidos los ibaguereños- en las instituciones encargadas de investigar y sancionar las conductas punibles.
En Ibagué, los resultados obtenidos de la lucha contra la criminalidad de cuello blanco por delitos contra la Administración Pública o por apropiación de dineros del erario, son catastróficos. La Fiscalía General de la Nación (FGN) exhibe niveles de incompetencia y negligencia que dejan al descubierto una aparente complicidad.
Y con respecto a la Rama Judicial, cuando los procesos llegan a su conocimiento (muy escaso bajo el actual Sistema Penal Acusatorio), las trabas procesales, congestión en las salas de audiencias y evidente acumulación de causas, ayudan a que los términos se venzan y los procesos prescriban, produciéndose una verdadera impunidad.
Este tema específico de la falta de diligencia, eficiencia y eficacia de la FGN y la Rama Judicial en la lucha contra la criminalidad de cuello blanco en Ibagué trató de ser abordado como objeto de estudio por estudiantes de décimo semestre de la universidad Cooperativa el año pasado (semestre II de 2015), pero la falta de colaboración y apoyo de las mismas instituciones judiciales en el suministro de la información necesaria impidió el desarrollo del mismo.
Aunque el interés y el fin perseguido era de un claro contenido académico, en el cual se revelarían los resultados mas no la información que cada una de las causas criminales contenía, no hubo apoyo de ninguna de la instituciones prenombradas.
Infortunadamente para las instituciones que sí tienen la facilidad de acceso a la información, el tema no reviste trascendencia alguna.
Ante el evidente saqueo al que ha sido sometido el municipio en los últimos 15 años por parte de rábulas y pelafustenes, nos duele y sentimos el actuar cómplice de las autoridades judiciales.
Se hace necesario tomar acciones eficaces. La movilización pacífica es la más indicada. Con la iniciativa de sectores sociales, comunitarios y las nuevas autoridades políticas y administrativas, podemos evidenciar el gravísimo problema y provocar la acción de las autoridades judiciales nacionales.
¡La movilización es la salida!
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