En una reciente decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró a la sociedad colombiana como silente, cobarde y vendida ante los homicidios, masacres y el actuar criminal de las estructuras paramilitares colombianas.
“Todos somos culpables”, sentenció la máxima autoridad de la jurisdicción penal en Colombia. Y agregó: “La delincuencia no hubiera logrado sus metas, de no haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía de integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”.
La decisión del órgano de cierre de la Justicia Penal, fue tomada conforme a la ponencia del magistrado José Luis Barceló Camacho, al resolverse la apelación presentada contra la sentencia proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, que condenó a Salvatore Mancuso y sus secuaces del llamado Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Es la segunda sentencia contra integrantes de la misma organización criminal dentro del marco de Justicia Transicional aprobada por el Estado colombiano para la desmovilización del paramilitarismo, pues la primera había sido proferida el 25 de noviembre de 2015 por la misma Corte Suprema (radicado 45463, M.P. José Luis Barceló Camacho).
Lo sorprendente del fallo es que si bien es cierto en el mismo costal de cómplices y vendidos se mete a la sociedad civil junto a militares, policías, congresistas, jueces, fiscales y demás servidores públicos, se niega que el paramilitarismo en Colombia obedeció a una política de Estado direccionada con el fin de aniquilar la oposición armada, política y social que luchaba y lucha por cambios estructurales, e insiste en develar su complicidad.
Algo muy diferente y distinto, ya que se insiste en negar que jefes de Estado, servidores públicos de dirección y mando de las Fuerza Pública y organismos de inteligencia, no actuaban aisladamente, sino que obedecían una directriz claramente definida desde los órganos de poder del Estado.
En el caso del departamento del Tolima, aunque la parapolítica ayudó a descubrir una red de apoyo de esa organización criminal regional, no se puede predicar lo mismo en otras esferas comprometidas.
Y contrario al dicho del máximo órgano de decisión penal, aquí sí hubo sectores de los medios de comunicación, la sociedad civil y muy escasos de la clase política, que denunciamos a integrantes de la Fiscalía General de la Nación, del Congreso, de la Rama Judicial, las Fuerzas Militares, la Policía y empresarios, que participaron y fueron actores incidentes en el auge y fortalecimiento de esa estructura criminal. Aunque podemos ser contados con los dedos de la mano, nuestra denuncia sirvió para evitar más derramamiento de sangre en suelos del departamento.
Por eso, no me siento culpable como lo afirma la Corte, por el contrario, me asiste la satisfacción del deber cumplido, lo que a otros, por el contrario, no los deja dormir.
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