En su discurso de instalación de las sesiones número 159 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), su presidente James L. Cavallaro, insistió en evidenciar la grave y difícil situación que afrontan los defensores de derechos humanos, líderes sociales, indígenas y periodistas en el continente americano.
Y no es para menos. El delicado panorama presentado esta semana en solo dos días de sesiones, es preocupante y desalentador.
Honduras, considerado uno de los países más violentos del mundo, se sindica de no dar garantías reales a quienes se atreven a realizar denuncias y exigir justicia.
Perú afrontó serias acusaciones de maltrato, tortura y discriminación a la población Lgtb. Así mismo de la inexistencia de un verdadero Plan Nacional de Derechos Humanos que propugne por hacer realidad la reparación de las víctimas de la dictadura y el período de violencia 1980 – 2000 que según los cálculos dejó más de 15 mil personas desaparecidas.
Argentina es confrontada por adolecer de políticas públicas que garanticen los derechos de niños y jóvenes transgresores de la normatividad penal.
Cuba, que no tuvo representación oficial en la Comisión, enfrenta duros y serios cuestionamientos de persecución a disidentes de su sistema político y social.
Venezuela debió justificar por qué dificulta, entorpece y persigue el ejercicio periodístico. Además de estar sindicado de limitar la libertad de medios escritos mediante el ejercicio monopólico de la distribución del papel periódico y la adjudicación inequitativa y parcializada de la publicidad oficial.
Por su parte el Estado de Ecuador, que tampoco compareció a la Cidh, enfrentó duras críticas por las agresiones y censura de que vienen siendo víctimas periodistas y medios. Los gremios profesionales afirman que los años 2015 y 2016 son recordados como los años más críticos para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en ese país. Según ellos, solo en el año pasado hubo más de 377 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Mientras que en lo que va transcurrido del 2016, el número de agresiones ya supera las 400.
La semana que empieza mañana tendrá a los Estados de Colombia, Brasil y Bolivia sentados frente a sus denunciantes, dando explicación ante los comisionados por problemas similares o más delicados, dentro de un Sistema Regional de Derechos Humanos que aparte de estar en evidente crisis económica, empieza a generar serios reparos respecto al órgano político que lo creó, es decir, la Organización de Estados Americanos (OEA).
Porque si bien el Sistema de Derechos Humanos integrado por la Comisión y la Corte exhibe independencia y probidad, la OEA responde básicamente a los intereses económicos, geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos, más no de los países débiles de la región, que es el resto.
Crítica válida que acrecienta y fortalece la desunión y ha creado la inestabilidad que hoy afronta el sistema.
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