La apropiación ilícita de los dineros destinados para la salud en Colombia, es de nunca acabar y se suma a la crisis del sistema, el cual se adoptó como un falso salvavidas para acabar con la politiquería y corrupción que presentaba el modelo ciento por ciento público que se reformó.
Son los mismos médicos, quienes mejor definen la situación actual, más profunda y delicada que la de hace 25 años: “Desde el establecimiento de la Ley 100 de 1993, se entró a considerar la salud como un «negocio», y no como un «derecho fundamental» de los ciudadanos. Hace veinte años se creó la intermediación a través de las empresas prestadoras de salud (EPS) del orden privado, y se marcó una profunda división entre el régimen contributivo y subsidiado por un plan obligatorio (POS), al cual solo se accedía en la gran mayoría de los casos por demanda legal (tutela). Las EPS, por el poder que les concedía la intermediación financiera, adicional a la corrupción que se presentó, limitaron los servicios, abandonaron los conceptos de la salud pública y desconocieron la importancia de la atención primaria, lo que llevó al sistema a la «quiebra».” (Asociación Colombiana de Médicos Siquiatras. Revista Médica 2014).
Basta leer las noticias diarias de los medios de comunicación nacional y regional, para comprender que si bien es cierto el modelo neoliberal y privatizador implementado lo que pretende es acabar día a día con la salud pública y acomodarla en su totalidad como una mercancía más, existe una mafia de criminales que contribuye a que la gran mayoría de Instituciones Prestadoras de Salud (hospitales) del Estado, funcionen bajo un permanente estado de quiebra que les hace imposible la atención total y adecuada a quienes requieren sus servicios.
En el Tolima sí que tenemos motivos para despreciar esta lacra social que mediante maniobras lícitas e ilícitas se apropia de los recursos destinados a la prestación eficaz y eficiente de una de las más grandes responsabilidades del Estado. El cierre y quiebra de hospitales de servicios generales y especializados de los niveles uno y dos, es el denominador común en Ibagué y varios municipios del departamento. Desde esta tribuna hemos denunciado hechos de corrupción en varios de ellos, así como también lo han denunciado otros medios de comunicación y unos muy contados diputados. Pero no pasa nada. Son noticia de un día y los ladrones siguen ahí, sin rubor alguno.
Esta semana que concluye, en medio del folclor y el fútbol de selecciones, pasaron desapercibidos nuevos hechos de apropiación y desvío de recursos de la salud en el Hospital de Chaparral y las Secretarías de Salud de Ibagué y del Tolima. Situación similar a lo ya denunciado en los hospitales públicos de Melgar, Líbano, Ortega, Natagaima y Purificación.
En alguna oportunidad, desde esta columna, expresé: Pareciera que denunciar el hurto de recursos del Estado, es una forma de socializar lo apropiado. Hoy, estoy convencido que sí.
Comentarios