Prevalido de su autoridad y con bastante soberbia, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, aprovechó uno de sus rutinarios Consejos de Gobierno para ordenarles a los gerentes de la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal, de Ibagué Limpia y del Imdri, así como a sus secretarios de Planeación Municipal y General, que con carácter urgente radicaran ante el diario EL NUEVO DÍA y de manera individual, solicitudes de rectificación a este columnista por la columna publicada en este mismo espacio el 18 de agosto del presente año y que titulé: Alcalde Jaramillo: ¡Misión cumplida! Atendiendo las cinco solicitudes de rectificación que conforme a su competencia funcional cada uno de los obedientes servidores públicos realizaron, procedo a continuación a dar contestación en bloque a las peticiones, pues todas tienen el mismo fondo y un entorno temático y jurídico común.
El derecho fundamental de rectificación está reconocido en nuestra constitución en el artículo 20 y ha sido desarrollado normativa (artículo 42 decreto 2591 de 1991) y jurisprudencialmente como un instrumento previo al inicio de las acciones judiciales a que haya lugar y a las cuales tiene acceso toda persona – natural o jurídica – para que se corrija una información que se ha hecho pública y que lesiona de manera injusta sus derechos a la honra, buen nombre o a la intimidad. Según la Corte Constitucional, “basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación, o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla”. (Sentencias de tutela 260 – 2010, 022 – 2017 y 200 – 2018).
En las solicitudes de rectificación que me han hecho llegar los funcionarios municipales mencionados, se resaltan apartes de mi columna, pero en ninguno de ellos se les hace alusión alguna como persona natural, menos aún, en particular a las entidades públicas que ellos representan o en las que ejecutan su relación laboral. Más sí, son reiterativos en mencionar los nombres de su jefe Guillermo Alfonso Jaramillo, el del político liberal y hermano del alcalde, Mauricio Jaramillo, el del empresario Willian Vélez y el del dueño del Deportes Tolima Gabriel Camargo, argumentando que lo expresado respecto a los beneficios y/o favorecimientos hechos a ellos, es falso, calumnioso y carente de veracidad.
Es decir, en concreto no demuestran tener el requisito esencial exigido para invocar el derecho a solicitar la rectificación: ser la persona natural o jurídica afectada. Calidad que ninguno de los peticionarios tiene, ni pueden demostrar, porque en la columna atacada no se hace alusión a ellos, ni a las dependencias públicas que están bajo su mando. Concluyo entonces, que conforme a lo ordenado por su superior nominador – el alcalde - están actuando en nombre y representación de él y de quienes sí aparecen relacionados con nombres propios en la columna.
Y, como no aportan prueba que permita deducir que tienen la representación de los posibles afectados, mal haría en resolver una solicitud de rectificación a quienes no están legitimados para exigirla. Al no demostrarse esta específica calidad en la que se actúa, me abstengo de resolverla. Una vez más le falla el equipo jurídico al alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, quien se pifia al ordenarles a sus dependientes un ataque masivo contra este modesto columnista, cuando lo más lógico y sensato es que él mismo asuma la defensa de su honra y buen nombre, si es que los considera lesionados, y lidere su propia batalla sin necesidad de recurrir a sus escuderos. Espero su solicitud y las de los otros presuntos afectados.
@jiramirezsuarez
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