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Nombrar a una fiscal recomendada por los antes mencionados, dicen los firmantes, “conllevaría a dar nacimiento a los privilegios de gamonales regionales que tanto daño le están haciendo a nuestra sociedad colombiana, además de verse entorpecida la Administración de Justicia”.
Lo expresado en la misiva ya es de conocimiento público, y desde este mismo diario hemos denunciado con nombres propios cómo fiscales abyectos a estos mismos personajes engavetan y tuercen investigaciones para favorecer los intereses politiqueros de este par. Lo interesante, es que desde el mismo interior del órgano investigador seccional, con nombres propios y en actitud decorosa con su institución, se exija transparencia y rectitud a la hora de designar a quien cumplirá tan delicada e importante función en el Tolima.
No es mucho pedirle al Fiscal General de parte de sus subordinados en el departamento. De ahí que me uno en respaldo total y absoluto a lo allí manifestado, máxime, cuando los mismos gamonales aparecen mencionados en varios de los delitos de mayor impacto en nuestro departamento, sin que las indagaciones o investigaciones les hayan avanzado.
Grabaciones y correos electrónicos que hacen parte de procesos judiciales como evidencias y elementos materiales probatorios, dan cuenta de al menos una posible complicidad y/o coparticipación en los ilícitos por las inconclusas obras de los fallidos Juegos Deportivos Nacionales que tendrían como sede a Ibagué. La celebración y ejecución ilegal de un contrato de consultoría por valor cercano a los tres mil millones de pesos entre el alcalde Luis H. Rodríguez y la señora Aida Rodríguez Díaz en el año 2013, aguarda la prescripción en uno de los escritorios de los fiscales de conocimiento.
Estos, entre otros motivos, son razón suficiente para entender que tienen razón los sindicalizados en exigir al nuevo Fiscal, una o un director con más compromiso institucional que con ese directorio caído en desgracia. Entregarle los órganos de investigación fiscal, disciplinaria y penal a los directorios políticos, es el daño más grande que se le ha hecho a nuestra institucionalidad, porque impide que el sistema de pesos y contrapesos que de manera formal está plasmado en la constitución, sea ejercido de manera real por el mismo Estado y se concrete así mismo el control social y político del ciudadano, nutrido por sus quejas y denuncias.
Señor Fiscal General, es hora de escuchar y aceptar la voz de la consciencia institucional, en el caso del Tolima se lo sabremos agradecer.
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