“En la práctica, las posibilidades de las microempresas de competir son nulas tanto en el mercado interno como en el externo. Si tienen dificultades en la actualidad para sobrevivir en el mercado local, cómo será cuando les toque enfrentarse de lleno a la competencia extranjera. La dinámica del mercado interno no permite el desarrollo de las microempresas, mucho menos lo será al momento de competir con multinacionales, que disponen de capital, logística, infraestructura” (Portafolio, Ene.09.12: (http://bit.ly/zdpu8g).

Si Colombia se gobernara bien y no se silenciaran muchos asuntos de importancia estratégica, la denuncia del presidente de la Acopi habría generado un gran debate y el gobierno habría tenido que explicar por qué suscribe tratados internacionales con impactos tan perniciosos para el país y por qué, pasados seis años de la firma del TLC con Estados Unidos, no se ha tomado ni una medida que, así sea en proporción mínima y por completo insuficiente para vencer en la competencia internacional, en algo mejore la competitividad del país.

En cambio sí, con toda indignidad, bajo la mirada vigilante de los norteamericanos, andan modificando 69 normas, muchas de ellas leyes, para adecuar el país a las mil 300 páginas de dicho Tratado. Como si fuera poco, las vías que están mejorando son las de las importaciones, mientras mantienen como trochas las carreteras por las que debe sacarse a competir la producción nacional.

Las tasas de interés del crédito ilustran el ambiente hostil en el que se crea empresa en Colombia. Las grandes ganancias de los bancos tienen que ver con que captan el dinero al cinco por ciento, pero cobran intereses del 20 por ciento (empresarial consumo), 28 por ciento (tarjetas de crédito) y 38 por ciento (microcrédito).

Entretanto, en Estados Unidos las tasas a los productores no pasan del tres por ciento. ¿Competir con estas diferencias y revaluación del 20 por ciento? No es extraño, entonces, que los panegiristas nativos del libre comercio se ganen la vida en negocios de intermediación comercial y financiera. Debería aprobarse una ley que castigara con la pena de crear empresa, en la industria o en el agro, a la alta burocracia que gobierna en contra de las necesidades de la producción nacional, pero le impone competir internacionalmente. ¡Que les apliquen lo que predican!

Coletilla uno: Hecho sin antecedentes y de la mayor importancia. Los empresarios agrupados en Proindustria, las centrales sindicales CUT y CTC y Recalca constituyeron la Coalición No al TLC con Corea (http://bit.ly/x6YMa6).
    
Coletilla dos: El ministro de Agricultura informó que se les restituirán a las víctimas de la violencia 2.100 predios en 2012 (http://bit.ly/Ahieqd), cifra que se sumaría a los 699 restituidos en 2011, para un total de 2.799 en los primeros 28 meses del gobierno de Juan Manuel Santos.

Lo ridículamente pequeño de esta cantidad se concluye de que el gobierno ha dicho que son 350 mil los hogares despojados y que prometió restituir 160 mil predios en el cuatrienio, cantidad que seguramente no cumplirá.

¿Por qué nadie conoce esta lamentable verdad? Porque no se informa como se debería y porque, como se ha explicado en esta columna, la astucia santista presenta como restituciones de fincas a víctimas decisiones sobre tierras que no son restitución alguna, tales como titulaciones de baldíos y áreas para resguardos indígenas y comunidades negras, políticas que vienen de los gobiernos anteriores y en las que este tiene realizaciones menores o semejantes (http://bit.ly/zZwYMi).

Además, y esto generará un enredo paralizante en la restitución, el decreto 8829 de 2011, que reglamentó la ley de víctimas, en los hechos eliminó la figura de la carga de la prueba, decisión de enormes implicaciones que, en sus palabras, había anunciado Juan Camilo Restrepo a finales del año pasado: “En la práctica, la inversión de la carga de la prueba quiere decir que una vez presentada la solicitud, el Estado se echa sobre sus hombros la inmensa y delicada carga de ayudar a recaudar esa prueba” (http://bit.ly/x9tuYM).