Por petición del minMinas, la Sala de Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto –que no obliga pero que el gobierno decidió usar para justificarse– que tiene de fiestas a la trasnacional. Porque la Sala consideró vigente el contrato 051 de 1996, cosa que no estaba en discusión porque ninguna autoridad lo ha declarado nulo, en razón de que el gobierno ni lo ha demandado, pero el cual sí viola la ley y es leonino por prorrogarle el negocio a Billiton hasta el 2029, en vez de revertírselo a la Nación al finalizar este septiembre, y además obligar al Estado a alquilarle sus equipos a Cerro Matoso, que valen 1,33 billones, por unos 140 millones mensuales, una suma ridícula por lo pequeña. Los colombianos deben saber que el Consejo de Estado solo opina sobre lo que le pregunte el Gobierno, y que este, en una jugada repudiable, no le hizo las preguntas claves, las que había que hacer: si consideraba que el 051 era legal y, además, conveniente para el interés de Colombia, que es lo que se discute. Entonces, una decena de congresistas de todos los partidos y voceros de otros sectores interpusimos una acción popular para que el juez le ordene al ministro de Minas demandar la nulidad del contrato 051/96 (http://bit.ly/Pswnkp). Porque sin esa nulidad el Estado queda indefenso ante el poder de la trasnacional, a la que solo puede suplicarle que en algo mejore el 051, un contrato lesivo para los colombianos. Y ya se sabe que BHP Billiton, ni corta ni perezosa, contando con la alcahuetería del gobierno, se va a aprovechar de la súplica para alargar el negocio hasta el 2044. De otro lado, con el debate sobre la subasta que asignará espectro radioeléctrico y la tecnología de cuarta generación (4G), los colombianos estamos haciendo conciencia del altísimo grado de concentración monopolística de la telefonía inalámbrica en manos de Claro –Comcel y Telmex–, empresa de Carlos Slim, el ser humano más rico del mundo. Pocos en el país se atreven a defender dicho monopolio. Inclusive, desde el 2009 este fue oficialmente declarado en “posición dominante” y hasta en los documentos públicos se consagran las altas tarifas, las ganancias exorbitantes, la mala calidad del servicio, la cobertura menor a la posible y la contención del progreso técnico. Lo que de verdad se debate no es acerca de si existe el monopolio y los males que causa, sino si el gobierno se atreverá a utilizar la subasta para debilitarlo y de qué manera, al igual que si se aprobará la ley antimonopolio que el país necesita con urgencia. Aunque los publicistas de Claro se esfuerzan por presentar como algo desproporcionado, absurdo, reglamentar la subasta con un criterio antimonopólico, incluso excluyendo al operador dominante, y ponerle límites a su poder, lo cierto es que la intervención estatal en el mercado de las comunicaciones –reglamentando, controlando, prohibiendo, dividiendo empresas– es de común ocurrencia en el mundo. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos le ordenó a la AT&T dividir ese monopolio de las comunicaciones en seis empresas, las conocidas baby Bell. Los publicistas de Claro apelan a falsos moralismos: que esa empresa se volvió monopolio por “sus méritos” y que no se la puede “castigar” por tener éxito. Aun si fuera cierto, que no lo es, que llegó a ser dominante sin los favoritismos de los gobiernos, el monopolio que montó le hace daño a la sociedad y debe controlarse y desmontarse. Y estas decisiones ni siquiera deben verse como un castigo; simplemente, son actos legales que le convienen al país. Porque este monopolio ya le genera pérdidas al bienestar social de los colombianos por 2.650 millones de dólares al año (Fedesarrollo, 2012), cifra que aumentará si se permite que se aumente y consolide. En México, ese mismo tipo de pérdidas ya valen 25 mil millones de dólares. La Constitución señala que el Estado debe intervenir para promover la competencia en el uso del espectro radioeléctrico (http://bit.ly/OZCPn8), espacio que le pertenece a la Nación, que tiene el derecho a definir cómo emplearlo en beneficio general. Por tanto, el gobierno debe usar su poder reglamentario y la subasta del 4G contra el monopolio; y el Congreso, en un amplio acuerdo político, debe aprobar una ley antimonopolio para el sector, que promueva la competencia y mejore el servicio.