El mal servicio que a muchos docentes del Departamento le presta EmcoSalud empieza a cobrar víctimas. A pesar de que los profesionales de la salud asumen una actitud de interés por el paciente, las restricciones a las cuales se ven avocados para recetar u ordenar exámenes clínicos, reducen las posibilidades y resulta exclusivamente un servicio de salud con fines de lucro, para la empresa prestadora del servicio y con resultados funestos para los usuarios.

Es más que lamentable que una docente procedente del municipio de Purificación, Azucena Zabala Mendoza, perdiera su visión, a causa de una inyección de Tramadol y Dipirona, ordenada en la clínica Minerva, con el fin de aliviar un permanente dolor de espalda, según la noticia divulgada a través de Ondas de Ibagué.

Habrá que revisar en detalle los múltiples factores que afectaron a la docente y si hubo negligencia médica en la atención, si le aplicaron o no la dosis adecuada. Las limitaciones que se tuvieron para la formulación de medicamentos, las restricciones en las órdenes médicas, la verificación o no en cuanto a alergias, la atención inmediata que se le brindó cuando la paciente expresó su angustia por la ceguera. Me pregunto si el medicamento cumplía con los parámetros de calidad, si estaba vigente, si la docente exigió en su pleno derecho, la revisión previa de la fecha de vencimiento, si constató que la jeringa con la cual le aplicarían la inyección estuviera sellada y la destaparan frente a ella.

Las personas responden de manera diferente a cada medicamento, sin embargo es evidente que EmcoSalud, receta consuetudinariamente las mismas medicinas, que hacen que los médicos enfrenten situaciones de presión, por una parte deben limitarse en las órdenes médicas y, por otra, deben atender las exigencias de los pacientes, hecho que los pone en una frágil condición laboral.

Un factor que incide es la procedencia de afiliación, se revisa si produce ganancia o pérdida, por la fama positiva o negativa con los pagos que haga a tiempo o no la EPS, así, los usuarios son categorizados en salud, como de primera o segunda clase.

No es justo, al magisterio se le hace un alto descuento mensual para servicio médico, que no se ve reflejado en una óptima atención y el trato que se recibe, resulta indigno, cuando se hace uso de un derecho, no de una donación.

¿Hasta cuándo habrá que soportar situaciones tan dolorosas como la sufrida por la docente Azucena Zabala Mendoza en nuestro Estado Social de Derecho? ¿habrá que esperar a que se indemnice a los pacientes después de una demanda, o sería menos costoso y más humano dar la mejor atención y prevenir situaciones como la que hoy todos estamos conociendo, por un servicio en la Clínica Minerva? ¿Desde cuándo la salud será una prioridad del Estado?