El presidente Iván Duque Márquez ha invitado a los colombianos a mantener un permanente Diálogo social como alternativa para que diversos grupos de interés de la sociedad no se vean en la necesidad de apelar a la Protesta Social como única fórmula para hacerse escuchar en sus peticiones, quejas y reclamos.
Este llamado coincide con la propuesta del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero en la pasada Cumbre Concordia Américas, de una ley estatutaria para regular la Protesta Social, para que esta se pueda surtir dentro de un orden propicio a la convivencia de todos los colombianos y no se reduzca a instrumento agenciado por pequeños grupos de interés, avezados y consuetudinarios usuarios de ese derecho.
En esos llamados, tanto el Presidente de la República como el ministro Botero han tenido buen cuidado reconocer la Protesta social como un derecho reconocido por la misma Constitución Nacional y el marco legal y reglamentario que la desarrolla.
El reciente Código de Policía expedido por el Congreso aprobó artículos alusivos a la Protesta social, algunos de los cuales fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional arguyendo que para esos efectos es menester apelar a una ley estatutaria, vía misma que propuso el Ministro Botero, por lo que fue objeto inmediato de críticas por parte de sectores sociales y sobre todo políticos, de reconocida trayectoria y habilidad para invocar ese derecho consagrado en la Constitución para tramitar sus respectivas agendas políticas como se confirmó el pasado 7 de agosto, cuando el senador Petro apeló a la Protesta social para precipitadamente reclamar, a un gobierno que apenas inicia responsabilidades como tal, por el asesinato de líderes sociales y amenazas a la vida de la que han sido objeto varios de ellos, incluidos según el senador Petro, él mismo, la representante Ángela Robledo y el senador Bolívar, hechos que han sucedido de manera en el último año del Gobierno saliente del Presidente Santos.
Uno de los últimos actos del gobierno Santos fue precisamente la activación del Protocolo para la Protesta social, por la vía de una resolución del Ministerio del Interior consistente en una recopilación de normas que servirán de guía para que autoridades civiles y de policía puedan actuar ante la realidad configurada por la Protesta social.
Así las cosas, la relación entre el Diálogo social anticipatorio y preventivo y la Protesta social reactiva, la necesaria regulación estatutaria de esta última, la promoción como práctica y hábito del primero como expresión de un estilo y deseo de hacer las cosas por parte de un gobierno que recién se estrena, son temas que serán recurrentes a lo largo de los próximos años y los colombianos debemos estar preparados para ello.
La invitación que hace el presidente Duque al Diálogo social exhorta a todo su equipo de gobierno la necesidad de desarrollar al interior de cada una de las carteras sectoriales una disposición actitudinal, un hábito permanente y unas aptitudes pertinentes para que el ejercicio de esa forma de Democracia deliberativa sea fértil y transformador, que dé trámite creativo a los intereses y conflictos asociados a diversos frentes sectoriales.
Un Diálogo social anticipatorio, preventivo y proactivo contribuye a que en la sociedad colombiana se consoliden mejores intereses y hacer del conflicto una oportunidad cada vez más dignificante que supere el riesgo de su degradación.
Todo Ministerio debe tener una agenda clara de Diálogo social a tono con sus objetos misionales y necesidades específicas, y sus entidades adscritas deben jugar un papel coadyuvante en esa apuesta, de manera tal que, los talleres de Construyendo país, no sean el único momento en que el gobierno apueste al Diálogo social, pues éste no debe recaer en la cabeza exclusiva del Presidente de la República.
Como actitud, hábito y aptitudes, el Diálogo social se configura como un arte y no se reduce a una mera técnica de tablas de excell, power-points o declaraciones mediáticas, pasa por una capacidad profunda de reconocimiento del Otro y de la institucionalidad, hay que tener buen cuidado para que ese Diálogo social no incurra ni en promesas precipitadas, en actitud medrosa ante los chantajes, en dilaciones exasperantes; solo en esas condiciones el Diálogo social evita la apelación a la Protesta social como último recurso.
Y toda vez que la Protesta social es un derecho que reconoce la Constitución Nacional, es menester recordar que todo derecho tiene por corolario un conjunto de deberes. Cuando haya necesidad de apelar a una Protesta social porque el Diálogo social previo no alcanzó a dar trámite anticipatorio y preventivo a uno u otro reclamo de raíz social, aquellos sectores que la lideren deben asumir ante la sociedad en su conjunto el compromiso de que el ejercicio de su derecho a la protesta no se convierta en patente de corso para violentar los derechos de otros ciudadanos para su movilidad, su acceso a servicios públicos esenciales, su vida, honra y bienes.
La seguridad de líderes sociales y campesinos, los temas referidos a proyectos mineros energéticos, los asuntos rurales, los conflictos ambientales, los temas laborales, los agendas étnicas, la erradicación de cultivos ilícitos, las reivindicaciones de diversos grupos sociales imponen a la sociedad colombiana nuevas formas de Diálogo social, como primera instancia, y formas de Protesta social, como último recurso, que respondan a nuevas éticas y estéticas en el trámite creativo de los conflictos sociales; más deliberación constructiva y menos reacciones destructivas. Colombia se lo merece.
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