Colombia está en una torre de babel conceptual con inusitadas implicaciones sociales y políticas. El grado de subjetividad e ideologismo con que abordamos diversos conceptos, someten al país a un corcho en remolino, no hay una comunicación limpia, el exceso de hojarasca genera ausencia de comunidad de propósito y falta de comunión en el sentido de lo que somos como proyecto de nación y sociedad.
¿Qué entendemos unos y otros por conceptos tales como: construcción de paz, perdón, justicia transicional, autoridad, memoria histórica, víctimas, diálogo social, fuerza legítima del Estado, monopolio de la violencia, delito político, protesta social, conflicto armado?
Mucha literatura antecede a cada uno de esos conceptos, incluso, enorme normatividad; somos dados a reincidir en la ingenua creencia de que un inciso en una ley o un código, transforma una cultura y supera una práctica social. La torre de babel transita en un laberinto de interpretaciones jurídicas y jurisprudenciales.
So pena de seguir condenados, es menester fijar con claridad y exactitud la significación de cada una de estas palabras y categorías; veamos algunos ejemplos:
1). En nuestro país hay sectores que asumen la existencia de un conflicto armado hasta el punto de afirmar que hemos estado en permanente guerra civil, otros, no reconocen la existencia del mismo, prefieren hablar de terrorismo. Asumir una u otra postura, tienen diversas implicaciones en materia de compromisos internacionales y en lo que atañe a la operatividad de nuestras FF.AA.
2). Para algunas personas, en la categoría de delito político pueden llegar a caber como conexidades fenómenos como el narcotráfico, el secuestro, el abuso sexual, el ecocidio siempre y cuando sea el ¨altruismo¨ al que se refirió el ex magistrado Carlos Gaviria, la fuente de motivación de esas acciones. Otras personas remiten el delito político solo a la sedición, asonada y rebelión, sin abrir compuertas a laxas conexidades que pueden terminar en ulteriores impunidades.
3). Siendo la protesta social un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano, algunos grupos la invocan para reivindicar derechos particulares desconociendo el derecho de otros ciudadanos a la movilidad, a la educación, al trabajo y a la salud; asumen como natural que su protesta los habilita para deteriorar la infraestructura física que está al servicio de todos los colombianos. Otros sectores proponen que la protesta social sea objeto de regulación para evitar el abuso ilegal de la figura.
4). Algunos colectivos asumen que ejercicio de la autoridad es sinónimo de uso del monopolio de la violencia por parte del Estado (expresión desafortunada que algunos explican como una mala traducción de Weber), otros circunscriben la autoridad al legítimo uso de una fuerza por parte del Estado, al que la sociedad ha confiado el uso monopólico de las armas, monopolio que de hecho no existe.
5). Para unos, justicia transicional es sinónimo de penas simbólicas a cambio de verdades; para otros, una justicia transicional puede ser necesario medio para dar trámite y solución a un ¨conflicto armado¨ que ha desbordado la capacidad de las jurisdicciones ordinarias de administración de justicia, ello sin perjuicio de que los victimarios paguen alguna sanción retributiva vía cárcel.
Estos cinco ejemplos como punto de partida, entre muchos otros, para sugerir, que Colombia necesita una especie de constituyente de las palabras y de los conceptos, a ver si logramos salir de esta babel en su propio laberinto.
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