pero que son altamente controversiales y en esa medida, dependiendo de cuál sea el talante con que se tramiten, van a dar lugar a tensiones entre las ramas del poder público y pueden afectar seriamente la gobernabilidad de las instituciones de educación superior.

Una muestra de ello es la declaración esta semana del actual Presidente de la Sala Penal de la Corte, a El Espectador, cuando dice “creo que en el gobierno anterior altos dignatarios del Estado muy allegados al Palacio de Nariño se dedicaban a la tarea de perseguir a los magistrados para desacreditarlos, pero ahora los dignatarios ya no utilizan las herramientas del delito, sino que emprendieron una campaña jurídica a través de reformas constitucionales para desmantelar a la justicia y, particularmente, a la Corte Suprema de Justicia”.

En relación con los procedimientos de reforma, es claro que la competencia está en manos del Congreso, pero igualmente dentro del espíritu de la Constitución de 1991 de profundizar la democracia representativa colombiana hacia una de tipo participativo, se requiere que sean reformas que recojan el consenso y la participación de los sectores involucrados y de la sociedad en general; en algunos casos, el de las minorías étnicas, se constitucionalizó la necesidad de la consulta.

Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces los dignatarios creen tener poderes absolutos con los cuales pueden hacer y deshacer y, por supuesto, en democracia, eso no existe.

Sobre la reforma a la justicia –uno de los derechos más importantes de los ciudadanos-, no es suficiente con hacer consultas de canapé con las altas Cortes, que por lo conocido, tampoco llegaron a consensos, es fundamental tener en cuenta la opinión de los empleados de la rama judicial, de las Facultades de Derecho donde se están formando los futuros funcionarios y litigantes y en general de los sectores organizados de la sociedad que estén interesados en opinar sobre algo que nos compete a todos.

Porque una pregunta suelta sería ¿cuáles son los principales problemas de la justicia? Porque se supondría que son a estos problemas a los cuáles debe buscar dar respuesta una reforma. Para muchos se trata de eficiencia y acceso a la justicia, más que de las disputas burocráticas entre las ramas, que aunque no gusten apuntan a mantener un equilibrio entre las ramas del poder público como lo previó el constituyente de 1991.

En lo relativo a la reforma a la educación superior, terminamos el año anterior con el acuerdo entre gobierno y la Mane (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) en que se iba a discutir una nueva propuesta que a diferencia de la anterior, iba a tener un proceso de discusión y debate.

Todavía no se conoce cuál va a ser el procedimiento para llevar adelante esta discusión que igualmente afecta un derecho fundamental de los colombianos. Está claro de los procedimientos de foros y opiniones en páginas web son insuficientes, porque no se trata simplemente, como se dice popularmente que todo mundo ‘bote corriente’ y luego los encargados de tomar decisiones hagan lo que ellos a bien tengan.

El Gobierno nacional podría pensar en una comisión académica de alto nivel, plural y representativa de los diversos sectores y por supuesto con presencia del gobierno, que sea la que coordine el proceso de participación para construir la propuesta de Ley de Educación Superior.

¿Se le medirá el Gobierno nacional a abrir las compuertas de la participación social o preferirá mantener las consultas de conciliábulos y luego imponer con las mayorías parlamentarias el proyecto que según su leal saber o sus intereses, sea el más conveniente?

Colprensa