Una vez aprobado por el Congreso el llamado ‘Marco Jurídico para la Paz’, más allá de la controversia que genera este tipo de normas, porque implica poner en tensión valores como los de justicia, paz, reparación de víctimas, reconciliación, sobre los cuales hay muchas y fuertes polémicas en toda sociedad -la pregunta central de la controversia es: ¿Qué tanta impunidad a cambio de paz?-, lo que se coloca al orden del día es la posibilidad de que dicho Marco Jurídico pueda ser usado y para ello se requiere viabilizar un proceso de paz.

Como el presidente Santos ha dicho que una de sus prioridades es hacer la paz, creo que hay necesidad de aprender de los que han sido exitosos y en el caso colombiano, solamente el presidente Virgilio Barco -el de ‘mano tendida y pulso firme’ como slogan de gobierno- ha logrado la desmovilización de organizaciones guerrilleras y para ello fue fundamental formular públicamente, a mediados de su gobierno, una política de paz, la denominada ‘Iniciativa para la Paz’, que establecía las condiciones, etapas y los procedimientos para unas conversaciones de paz.

Creo que el gobierno Santos está en mora de formular una política pública de paz, donde se definan claramente cuáles son los prerrequisitos que el Gobierno fija a una organización guerrillera para iniciar un proceso de acercamientos y cuáles serían los procedimientos para adelantar un proceso de este tipo; porque las continuas menciones a que ‘tiene la llave para la paz’ en su bolsillo y que ‘no hay que tenerle miedo a la paz’, junto con la carencia de una política pública de paz, lo que genera es mucha suspicacia en sectores de la opinión, especialmente los menos amigables con la idea de la paz negociada.

Igualmente me pregunto si no llegó el momento para que el Presidente nombre el Alto Comisionado para la Paz, para que sea el responsable de dar desarrollo a esta política ‘una política como ésta no produce resultados por ‘generación espontánea’, se requiere de quién la conduzca bajo la orientación del Presidente, por supuesto.

Si a esto se suma los rumores de reales o supuestas conversaciones secretas con las FARC en el exterior, todo ello da pie para que se comience a especular acerca de qué se está negociando en la penumbra. Paradójicamente en este aspecto debe coincidirse, por razones distintas, con la demanda de las guerrillas de ‘negociar de cara al país’; el gobierno igualmente debe hacerlo, porque al ser una democracia un régimen político en el que el poder está distribuido y mutuamente controlado, el Ejecutivo tiene unos márgenes de maniobra, pero no tiene poderes absolutos; eso sólo se da en autoritarismos.

Los procesos en la penumbra generan más interrogantes que tranquilidad en la sociedad -recordemos todos los que hay todavía sobre el proceso en Santa Fe de Ralito, para sólo hablar del último-.

Ahora bien, el que haya una política pública de paz no excluye que en la etapa de exploración o prenegociación, como la denominan los especialistas en negociación de conflictos, se haga aproximaciones reservadas entre las partes, justamente para valorar si están dadas las condiciones para dar inicio a conversaciones formales.

Por supuesto, el presupuesto debe ser el margen de confianza que en una democracia presidencialista se debe tener con el primer mandatario, como orientador y conductor de las políticas públicas.