No sólo se volvió un factor estimulante del conflicto armado interno –que tiene una historia más larga-, sino que estimuló la formación de los grupos de autodefensas o paramilitares causantes de todas las barbaridades que hemos conocido y de magnicidios como el de Luis Carlos Galán, ejecutado por estos grupos al servicio del Cartel de Medellín; además estimuló el sicariato como una actividad para ‘saldar cuentas’ y acudiendo de manera privilegiada a jóvenes de barriadas populares –ciudades como Medellín y Cali, si bien no han sido las únicas, si las que más han vivido este fenómeno en el pasado y en el presente-; ha estimulado hoy la creación de las bacrim, que son una mezcla de grupos al servicio del tráfico de drogas y en algunos casos cumplen funciones de contrainsurgencia social como herencia del paramilitarismo -sólo parcialmente desmovilizado-.

Pero, sobre todo estimuló la cultura del dinero fácil, creando un relajamiento en valores sociales y justificando cualquier comportamiento –también en los negocios legales- con tal de hacer ganancias.

Los norteamericanos que han sido de los más responsables de este problema a nivel global, porque allí está el gran mercado de consumidores que jalona este negocio criminal, han impuesto políticas con una mezcla de prohibicionismo y represión, que a decir verdad han fracasado.

Difícilmente van a aceptar que estas políticas han sido malogradas. Pero el presidente Obama ha abierto una pequeña ventana de oportunidad para explorar nuevas alternativas; por lo menos ha abandonado la idea de considerar la política contra el narcotráfico como una guerra –que es lo propio de mentalidades conservadoras que frente a cualquier problema la única fórmula que se les ocurre es el uso de la violencia-.

Por eso es importante destacar la insistencia del presidente Santos en liderar la búsqueda de cambios en las políticas antidrogas, iniciativa en la cual ha estado acompañado por el Presidente de Guatemala y los ex presidentes Cardozo de Brasil, Fox de México, Gaviria de Colombia y Clinton y Carter de Estados Unidos.

Esta es una tarea de mediano plazo y muy compleja, porque no se trata simplemente de análisis racionales, si así fuera, es evidente en todas las evaluaciones que si hay una política pública que ha mostrado un fracaso reiterado es la política antidrogas liderada por los Estados Unidos.

Pero se trata de enfrentar también prejuicios morales y rutinas tradicionales que en muchos casos son barreras muy difíciles de superar.

El narcotráfico involucra varias fases del negocio criminal, que requiere ser fraccionado para buscar alternativas de política pública. Por ejemplo, si tomamos los dos extremos de la cadena, los productores campesinos y los consumidores finales, deberían ser las dos fases en las cuales la despenalización es prioridad.

No se puede criminalizar a pequeños productores campesinos que no tienen opciones productivas rentables en zonas con precaria infraestructura y escasa o nula presencia del Estado, que encuentran en la siembra de estos cultivos opciones de sobrevivencia y tampoco aquellos adictos que se han vuelto dependientes de estos psicoactivos.

La pregunta sería por qué esas personas acuden al consumo de estos estimulantes para sobrevivir en nuestras sociedades.

En el primer caso la solución pasa por opciones productivas serias y de apoyo del Estado, en el segundo por tratamientos y apoyos en aras de superar la dependencia y evitar que se constituya en estimulante de otros delitos.

El debate debe seguir abierto.