De inmediato, hubo conmoción en la ciudad y los medios de comunicación se apresuraron a entrevistar al dueño de la empresa Murelli, Jairo Acosta, quien indicó que se trasladaría a Rionegro (Antioquia) por falta de apoyo en Ibagué. La razón: hace 15 años adquirió un lote de 8.400 metros cuadrados, contiguo a su empresa, para ampliar la capacidad de producción industrial de rines y generar alrededor de 150 empleos. Sin embargo, al solicitar los permisos le indicaron que le concederían licencia para construir solo 1.300 metros cuadrados. El empresario dijo que ha venido intentando desde hace más de seis años llegar a un acuerdo con la administración local, sin ningún resultado.
La negación del permiso de ampliación se debe a restricciones en el POT, pero el empresario arguye que este no ha sido un obstáculo para la construcción de vivienda rural. Y menciona que le han ofrecido grandes sumas de dinero por su lote, por lo que insinúa que habría intereses ocultos por parte de constructores.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Carlos Hernando Enciso, fue uno de los primeros en pronunciarse e indicó que en conjunto con los líderes de los gremios económicos están estudiando el caso, en busca de soluciones para evitar que se pierda el proyecto, y espera reunirse con la alcaldesa Johana Aranda.
Los concejales también intervinieron y convocaron a una mesa técnica que se debía realizar el pasado viernes en busca de salidas a esta crisis, sobre cuyo resultado aún no se tienen noticias. Por su parte, la Gobernación le ofreció al señor Acosta construir su empresa en otro municipio del Tolima, y los alcaldes de Lérida y Espinal hicieron lo propio, para evitar que la industria se traslade a otro departamento.
En Ibagué hay serias dificultades en los trámites para la creación de empresas, como lo reconoció el presidente del Comité de Gremios Económicos, Efraín Valencia. Esta situación es un campanazo de alerta para que las instituciones oficiales faciliten en realidad el ambiente para los negocios.
Ojalá esta tormenta valga la pena para eliminar los obstáculos que impiden la instalación de nuevas empresas en la ciudad, de manera que los incentivos y las exenciones tributarias aprobados por el Concejo puedan aplicarse; de lo contrario, estas normas solo serán un canto a la bandera.
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