En una reunión realizada en la entidad, la delegada para la vigilancia preventiva de la función pública sostuvo que las diferentes sedes del SENA podrían sufrir la interrupción de sus servicios a partir del próximo 31 de julio, fecha en la que vence el negocio jurídico que actualmente permite ofrecer los diferentes programas, y que ha alcanzado el límite máximo de adiciones.

La gravedad de la situación aumenta debido a que, a 16 días de finalizar el contrato, el proceso de licitación actual para encontrar el nuevo operador de los servicios tecnológicos se encuentra suspendido.

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“Hecho al que se sumó la falta de claridad sobre la disponibilidad de recursos disponibles para darle continuidad al programa de formación y la imposibilidad de cumplir con los términos de contratación sin dejar de prestar el servicio”, expresó la entidad.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó a los directivos del SENA establecer mecanismos para garantizar la prestación del servicio, definir alternativas técnicas y establecer un plan con los posibles escenarios y las contingencias que tendrían que ser resueltas desde agosto en caso de que no sea factible evitar la interrupción.

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