En los últimos días, mucho se ha debatido frente al proyecto de ley que ha estado evaluando la Superintendencia de Transporte, con el cual buscan establecer lineamientos para regularizar el servicio particular de transporte que se presta a través de aplicaciones tecnológicas.

Lo anterior, provocó un enorme debate que llevó al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a decir que el Gobierno Nacional no tramitará el proyecto sin haberlo discutido previamente con los involucrados.

“Nosotros no vamos a radicar por instrucción del presidente de la República,  ningún proyecto de ley mientras no haya consenso. Como cabeza del sector transporte sueño una mesa sentados todos, sin exclusiones, para construir un documento que ningún gobierno en el pasado ha querido asumir”, aclaró el ministro de Transporte.

Así pues, el proyecto contempla sanciones económicas para usuarios y transportadores, inmovilización de vehículos y el bloqueo de las plataformas en la red por parte de los operadores de internet del país.

José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que impulsa estas aplicaciones, indicó que está en juego la subsistencia de cerca de 100 mil personas que viven de este quehacer.

Además, señaló que no solo los carros particulares se verían afectados, sino los mismos taxistas ya que existen más de 230 mil cuentas de usuarios del gremio amarillo inscritas en estas apps de movilidad.

De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, citado por Alianza In, si las plataformas dejaran de operar en Colombia, el 44 % de los conductores no tendrían otra actividad económica en qué ocuparse, el 32 % tendría que recurrir a un trabajo informal y solo el 14 % contaría con un empleo formal. De acuerdo con el mismo estudio, las plataformas digitales de economía colaborativa hoy ocupan el 0,7 % de la población económicamente activa y generan el 0,23 % del PIB.

En el artículo 35 del decreto, se mencionan las sanciones que tendrían los conductores de transporte vehicular. El borrador estipula: “Cuando se compruebe que con el equipo se presta un servicio no autorizado, en este caso el vehículo y/o equipo, será inmovilizado la primera vez por el término de treinta días, la segunda vez por sesenta días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa días”.

Las sanciones no solo involucran al conductor sino al mismo usuario, pues en el artículo 51 de esta reforma refieren: “Serán sancionadas con multa de doscientos cincuenta Unidades de Valor Tributario a los contratantes del servicio”, es decir, incluso hasta 10 millones de pesos”.

El ministro Reyes, sin embargo, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que al usuario no se le puede sancionar por usar un servicio que el Estado ha permitido desde hace mucho tiempo. Señaló, eso sí, que el régimen sancionatorio es necesario porque en Colombia hay mucha informalidad en el transporte y ninguno de los gobiernos anteriores ha hecho nada para evitarlo.

En el país operan Didi, Cabify, Uber, InDriver, Taxis Libres, Picap y Uber. La mayoría de estas aplicaciones han decidido pronunciarse solo como gremio y no dar su voz individual. 

‘Tela por cortar’

El manejo de las plataformas de transporte particular no son un problema de ayer. Con el crecimiento de esta industria, Ibagué ha sido protagonista de disensos e intolerancia en sus calles en múltiples ocasiones por la discordia entre taxistas y transportadores de vehículo particular.

En diálogo con un conductor de transporte de vehículo particular, quien pidió reserva de su identidad, manifestó que trabaja medio tiempo haciendo recorridos en su automotor. “Tengo un trabajo aparte de hacer recorridos en mi carro. Con lo que me gano, me alcanza para pagar los recibos más costosos y sostener el vehículo”, indicó el conductor.

Adicionalmente, el conductor refirió que sus ganancias oscilan los $700 mil pesos mensuales, cifra que deriva de las horas de trabajo semanal que, en su caso, ascienden a 30 horas de lunes a sábado.

“Por el incremento de peleas con taxistas, varios compañeros han optado por dejar de lado los aplicativos y realizar los recorridos por grupos de Whatsapp. Uno sabe que el trabajo de uno no está regulado, pero uno también tiene el derecho de trabajar y tener las garantías para hacerlo”, opinó.

Y apostilló: “La ciudad tiene días con muchos clientes y otros días en que cinco carreras son el día. Pero nos hemos dado cuenta que si nos prohíben el trabajo, no solo saldrían afectados quienes nos dedicamos al recorrido de transporte particular, sino quienes están acostumbrados a utilizar estas plataformas, en una ciudad con pocos taxis y mucha demanda”. 

Uno de los aspectos más ‘agridulces’ trae a colación el costo que trae los sostenimientos de un taxi, asunto que también está dentro del ‘radar’ del Ministerio de Transporte.

En concreto, el primer requisito es contar con un vehículo con derecho de reposición, comúnmente conocido como cupo, los cuales normalmente son limitados y no tienen un precio regulado, por lo que varía de ciudad en ciudad. 

Por otra parte, al taxista le es requerido tener el Soat vigente y licencia de conducción al día. Es necesaria también la membrecía o ‘tarjetón’ instintivo de cada empresa de servicio de taxi. 

Y si el vehículo cumplió dos años contados desde la fecha de su matrícula, debe tener Revisión Técnico Mecánica y de gases vigentes y contar con una certificación de la compañía de seguros en la que conste que los vehículos están amparados en las pólizas de responsabilidad civil, contractual y extracontractual tomadas por la empresa.

¿Se avecina paro de taxistas? 

Para el próximo 22 de febrero, y en sintonía con lo manifestado en el orden nacional, el gremio de taxistas prevé unirse al paro nacional, con el que protestarán ante el Gobierno la falta de atención a las plataformas de transporte y el incremento al precio de la gasolina.

Entretanto, voceros del gremio amarillo en la ciudad anunciaron que se bloquearán las entradas de acceso a la ciudad, y vías colindantes al Terminal de Transporte y el Aeropuerto Perales, amén de dificultar la movilidad en el ciudad para obtener la atención de las autoridades. 

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