Sin la misma figuración que otros aspirantes al Congreso de la República y sin ser políticos de carrera, hay un grupo de tolimenses con trabajo político, social y empresarial dentro y fuera del departamento que también aspira al Senado para las elecciones legislativas del 13 de marzo.

Sus nombres y rostros quizás no gozan a nivel local del mismo reconocimiento que otras personas que están en la carrera por lograr una curul en el Capitolio, pero, en sus diferentes áreas, han desarrollado  un destacado ejercicio de liderazgo y nutren la baraja de candidatos tolimenses al Senado.

Uno de ellos es el economista ibaguereño Ismael Molina, quien, tras una larga experiencia como docente en diferentes universidades del país y en entidades del sector público, decidió aspirar por primera vez a un cargo de elección popular con el aval de Fuerza Ciudadana.

En su trayectoria, Molina se ha desempeñado como director general de Vivienda y Desarrollo Urbano de Colombia, secretario de Planeación de Soacha (Cundinamarca), asesor de la Presidencia en los gobiernos de Virgilio Barco y Andrés Pastrana, y en el periodo anterior estuvo vinculado a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Ibagué.

Dentro del listado también aparece la abogada e  ingeniera industrial chaparraluna Jahel Quiroga, de la lista del Pacto Histórico. Es una de las sobrevivientes de la masacre de la Unión Patriótica (UP), fue concejal de Barrancabermeja y por décadas ha sido una férrea defensora de derechos humanos.

Es fundadora de Reiniciar, una organización que acompaña víctimas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades. En 2012  recibió la Orden del Congreso en el grado de Caballero por su contribución a la defensa de los derechos humanos de las víctimas de la UP.

Por su parte, el empresario de seguridad Augusto López, nacido en Cunday, aspira por segunda vez al Senado con el aval del Centro Democrático. En 2018 consiguió 19.742 votos, pero no le alcanzó para lograr una curul en el Congreso.

López se dedicó en sus primeros años a las labores del campo, llegó al grado de sargento mayor en la Policía Nacional, estudió Derecho y es presidente de Seguridad Nápoles, que tiene sucursales en 30 ciudades y unos 7.500 trabajadores. Además, junto a su familia, tiene dos empresas de servicios generales, una más de confecciones y otra de tecnología.

Con el aval del partido cristiano Colombia Justa Libres también decidió presentar su nombre el ingeniero de petróleos ibaguereño Alejandro Ospina, quien ha trabajado por 26 años en la industria de los hidrocarburos, especialmente en el sector privado.

Es presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), organización sindical con más de 18.000 afiliados desde la que ha buscado transformar las relaciones laborales en esa industria en la que el trabajador es visto como cooperante en la generación de valor.

Otro dirigente sindical que también saltó a la arena electoral, pero con el aval de Fuerza Ciudadana, es el maestro Carlos Rivas, expresidente y ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), una de las organizaciones de trabajadores más grandes del país.

Rivas, quien ha sufrido amenazas y atentados por su ejercicio sindical, fue parte del Comité Editorial de la Revista Educación y Cultura e integrante de la Comisión de Implementación, que ejerció vigilancia y control de la Evaluación Diagnóstica Formativa.

En la disputa electoral figura, además, José Freddy Mosquera, candidato del Pacto Histórico y representante de Dignidad Cafetera. En 2019 aspiró a la Asamblea por la llamada Convergencia Alternativa, pero solo obtuvo 1.278 votos. Su liderazgo lo ha ejercido en defensa del sector campesino y la búsqueda de una mejor calidad de vida para los productores.

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