Desde la semana pasada el Gobierno Nacional empezó a mostrar a los partidos, tanto los de su coalición como los de oposición, la agenda legislativa que espera acabar de tramitar en el Congreso, como también los que presentará con afán y con mucha necesidad de que le sean aprobados.

El encargado de socializar esa lista no puede ser otro que el ministro del Interior, Alfonso Prada, a quien en su debut el semestre pasado en el Congreso logró que las amplias mayorías que consolidó el presidente Petro desde julio de 2022, le sacaran normas tan importantes como la reforma tributaria, el presupuesto y el avance de reformas en primera vuelta como la Corte Agraria y la reforma política.

Con ese optimismo Prada ya arrancó con los verdes, con una parte del liberalismo y la otra semana con su bancada de Gobierno, el Pacto Histórico a presentarle el paquete de iniciativas.

Por ahora son 31 proyectos los previstos, 16 nuevos que se empezarán a presentar desde el comienzo de febrero, en sesiones extraordinarias comenzando con el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de adición presupuestal, con la que se incluirán los 20 billones de pesos que llegarán por la vía de la reforma tributaria.

También reveló que la orden del presidente Petro a los ministros del gabinete es garantizar que el resto de la agenda legislativa que ya está en trámite se pueda aprobar en este mismo semestre, en total son 15 como por ejemplo la controvertida reforma política.

La gran apuesta que hace Prada es, sabiendo que este es el periodo de sesiones más corto que tiene el Congreso de la República pues su trabajo ordinario comienza el 16 de marzo y termina el 20 de junio, que de ahí tendrá que convocar a sesiones extraordinarias al Congreso para tramitar algunas leyes, en particular la hoja de ruta del Ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo, el cual está valorado en más de 1.000 billones de pesos.

Es decir, que en promedio la administración Petro espera que en casi cinco meses de trabajo, los senadores y representantes le terminen de sacar cuatro reformas constitucionales, una adición presupuestal, el plan de desarrollo y la aprobación o en el peor de los casos que comience la discusión de las llamadas reformas sociales, salud, laboral y pensional, de las cuales ya hay mucho debate, incluso al interior del mismo Gobierno, pero no existen textos unificados y presentados.

Los prioritarios

En el afán legislativo del Ejecutivo también está la radicación de las leyes del nuevo Código Minero, la modernización de la Policía, la aceptación de responsabilidad penal, el de humanización penitenciaria, el régimen sancionatorio de transporte, el Código Ferroviario.

Y si fuera poco, el Gobierno espera radicar los proyectos de desmonte de vehículos, la reforma a la educación, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la reforma a la Ley de Servicios Públicos, el nuevo Código Nacional de Transito, el Sistema Nacional Ambiental y un proyecto de acto legislativo de transferencias a Municipios.

A esto se suman los proyectos de ley de Código Electoral, prohibición de fracking, cinco acuerdos y tratados internacionales, el cambio de nombre del  Ministerio de Cultura, el día de la diversidad étnica y cultural, la ley de entretenimiento cruel con animales y el reconocimiento y fortalecimiento sector de la música en Colombia.

Por comisiones

Como es tradicional, en las Comisiones Primeras estará centrada gran parte del trabajo, como también varios de los asuntos claves. En las mismas se dará la segunda vuelta de los actos legislativos de reforma política, campesino como sujeto de derechos, jurisdicción agraria y cannabis. A esto se suma el compromiso del Gobierno con los alcaldes de presentar una reforma a las transferencias municipios. Estos por ser reformas a la constitución no se podrán de forma conjunta.

Los que sí podrán tener mensaje de urgencia para ser discutidos son la ley de sometimiento o que ahora llama el Gobierno la ley de aceptación de responsabilidad  penal, también se suman la ley humanización penitenciaria y la modernización de la Policía.

Las cuentas del Ejecutivo son que todas las reformas constitucionales terminen de ser aprobadas a más tardar en junio, esperando que desde el 16 de marzo ya se empiece el trámite de asignar ponentes para el respectivo quinto debate, tanto en Senado como en la Cámara en las comisiones primeras.

En el seno de las Comisiones Segundas, de asuntos internacionales, se espera discutir el acuerdo entre Colombia y Venezuela sobre el transporte por carretera, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.

Las Comisiones Terceras y Cuartas ya tienen planillados los dos asuntos centrales del semestre, el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de adición presupuestal. Ambas serán presentadas en febrero, se discutirán con mensaje de urgencia lo que permitirá su estudio conjunto. El Gobierno espera que las dos leyes estén aprobadas por tarde en los primeros días de mayo.

Paras las comisiones Quintas está previsto seguir con la prohibición del fracking, la ley de prohibición de entretenimiento cruel con animales, el Código Minero y la Ley del Sistema Nacional Ambiental.

Las Comisiones Sextas tendrán que recibir el estudio y trámite de leyes como el desmonte de vehículos, el Código Ferroviario, Código Nacional de Tránsito, el Régimen Sancionatorio, reforma la Ley de Servicios Públicos, reforma a la Ley de Educación y el Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

Desde marzo y con una corta agenda pero muy compleja, las Comisiones Séptimas esperan empezar a discutir las Reformas a la Salud, Reforma Pensional y Reforma Laboral, las cuales según las cuentas del Gobierno es que salgan en junio, incluso en periodo de sesiones extraordinarias, de ser necesario.

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