La primera discusión sobre el proyecto de ley 339, concerniente a la reforma a la salud radicada por el Gobierno Nacional, tuvo lugar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. De ahí, surgió en los días subsiguientes la dinámica de debatir las ‘líneas gruesas’ de la misma, bajo la elaboración de audiencias públicas a lo largo del país.

En el caso del Tolima, como coordinadores ponentes quedaron la representante Martha Alfonso (Alianza Verde - Pacto Histórico) y Gerardo Yepes Caro (Partido Conservador), quienes estarían delegados para acompañar el procedimiento en conjunto con el Ministerio de Salud y la jefe del despacho, Carolina Corcho.

Diálogos en la UT

La mesa principal de la audiencia pública, contó con la participación de la ministra de Salud, Carolina Corcho; el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía; el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán; el secretario de la Comisión Séptima de la Cámara, Ricardo Albornoz; y las representantes a la Cámara e integrantes del Pacto Histórico, Martha Alfonso Jurado y María Fernanda Carrascal Rojas.

“En el marco de la discusión del proyecto de ley 339 del 2023, de la Cámara, quiero contarles que la comisión reviste vital importancia en este periodo legislativo, teniendo en cuenta que por aquí deben pasar tanto el proyecto de reforma a la salud, como el de reforma laboral y pensional”, indicó el secretario Albornoz. 

De acuerdo con lo anterior, es menester aclarar que el articulado del proyecto de ley tenga algunas modificaciones, máxime si se tiene que las disposiciones de la ciudadanía en las audiencias en el país, deberán tener su respectivo debate y ser consignadas en el documento final de la reforma. 

En su intervención, la representante Martha Alfonso acotó que la audiencia busca aportes de la ciudadanía y agremiaciones que estuvieron en el trabajo previo al encuentro. “Se hicieron varias mesas con facultades, IPS, organizaciones científicas e investigadores, para aportar al articulado”, comentó.

A su vez, destacó la presencia de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales (Anthoc), el sindicato Sindess, Sintrasalud, Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, Sintraesatol y el Colegio Médico del Tolima. “Organizaciones que estuvieron hombro a hombro apoyando la convocatoria y organización técnica”, apuntó la representante.

En su memoria, habló sobre la consolidación de la ley 100, en donde se consagró, amparó a la salud como un derecho fundamental. “Esta reforma presenta un cambio paradigmático e ideológicamente opuesto a lo que históricamente se ha hecho. Se muestra una forma distinta de concebir el derecho a la salud”, agregó. 

El superintendente Ulahy Beltrán, comentó que existe “desinformación y también inconformidad”, haciendo referencia a los diferentes cuestionamientos que ha tenido el proyecto de ley. “Las críticas no pueden fundamentarse en infundios”. 

Sobre la reforma radicada, se refirió a la insatisfacción que hoy se manifiesta en el país, principalmente a causa de la inoportunidad en el acceso a diferentes servicios clínicos y médicos. 

“En lo que va de 2022 a la fecha, se han recibido gran cantidad de PQRs en Ibagué, Mariquita, Melgar y otros municipios, muy por encima del nivel nacional, ¿dónde está la autoridad en este departamento? Tenemos documentadas 7 mil quejas en el Tolima, con un incremento del 32 % en los meses de enero y febrero, en relación con el mismo tiempo en el año anterior. “El 34,7 % de estos reclamos entró en la categoría de súplicas de vida”, denunció el superintendente.

La ministra Carolina Corcho, precisó que el sistema actual se basa en la rentabilidad financiera y las salas de parto no siempre generan ganancias, ni los servicios de urgencias, ni la prevención. Por eso, el país terminó con 300 municipios sin este tipo de servicio, y en muchos otros lugares ni siquiera hay atención de urgencias.

En cuanto a la delegación de los recursos públicos, la ministra Corcho se refirió a la administración de salud por parte de privados y añadió que su labor se concentró en algunas zonas del país.

A su vez, la funcionaria hizo un llamado a la empatía con las comunidades rurales del país. “El pacto social era que entre todos solidariamente financiaríamos a los que no pudieran garantizar cobertura ni acceso universal”. 

La ausencia y postura del ‘barretismo’ 

Aunque la ministra Corcho habló sobre el respaldo que ostentaba del gobernador Ricardo Orozco, varias inquietudes quedaron ‘en el aire’ por parte del ala conservadora. 

Si bien, asistió como gobernadora (e) la secretaria General y de Apoyo a la Gestión, Martha Palacios y en su intervención ratificó el apoyo a la reforma a la salud, la ausencia del representante Gerardo Yepes despertó varias dudas sobre la posición del ‘barretismo’ sobre el proyecto de ley.

En las últimas semanas, se ha dejado entrever desde el grupo político conservador que aún existen algunas ‘pesquisas’ por debatir. No obstante, tras la reciente alocución del gobernador en Gaitania en donde dejó entrever su distancia con varias de las disposiciones del presidente en cuanto temas de seguridad y manejo de las disidencias.

En medios radiales, el representante Yepes Caro habló de un proyecto mancomunado que se ha venido gestando tras acercamientos entre el Partido Conservador y el Partido de la U. Así pues, a través de los micrófonos de Ecos del Combeima, el congresista conservador aseveró que el proyecto de ley debe construirse “sin caer en populismo ni demagogia” y en sintonía con las posturas de los ponentes y la sociedad civil.

Sin embargo, frente a lo anterior, y haciendo énfasis en que fue delegado como coordinador ponente de la reforma para la ejecución de las audiencias públicas, su ausencia deja entrever la intención clara de alejar al ‘barretismo’ de las ‘petroreformas’, sin debate. 

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