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Mientras varias discusiones toman lugar en el orden nacional, paulatinamente en las regiones una ‘mutación’ del conflicto armado se está empezando a sentir en el sur del Tolima tras la llegada de las Disidencias de las Farc.
Tras la firma de los acuerdo de La Habana, y luego del cuatrienio del expresidente Iván Duque, poco a poco fueron tomando fuerza varias ‘semillas’ del grupo guerrillero, impulsados mayormente por el incumplimiento en la implementación de los Acuerdos de Paz a lo largo del país, y otros menesteres.
Entretanto, desde la Gobernación del Tolima se empezaron a gestar posturas ante la circunstancia, lo que ha derivado en diferentes apariciones del gobernador Ricardo Orozco prestando algunas consideraciones sobre las alertas en el sur de la región.
No obstante, las precisiones del mandatario regional, ‘acentuadas’ con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, fueron tomando otro tono crítico frente a la transición política que atraviesa el país y sus efectos en las Fuerzas Militares de Colombia.
Estas últimas, desde sectores de sus diferentes estamentos, se ha visto confrontada por las directrices del Gobierno Nacional, que en aras de la promoción de la ‘Paz Total’, ha establecido algunos criterios que ha afectado el pie de fuerza de las FFMM.
Entre críticas, el gobernador Ricardo Orozco ha pedido mediáticamente ayuda al Gobierno Nacional para atender el ‘dilema’ de orden público en el sur del Tolima.
No en balde, al igual que el gobernador Orozco, diferentes mandatarios de diferentes regiones del país han elevado sus réplicas al Gobierno Nacional, el cual insiste de momento en la consolidación de un acuerdo de paz con el ELN, mientras las Disidencias de las Farc toman ‘cancha’ en zona rural.
“Ustedes saben que soy un hombre que amo y conozco de seguridad y que sé lo que está pasando en el Tolima y Colombia, porque lo manifestamos en la cumbre de Gobernadores a la procuradora, Margarita Cabello, al registrador, Alexander Vega, el gobernador del Tolima, del Meta y del Caquetá, donde las disidencias de las FARC andan como Pedro por su casa, extorsionando, aplicando fundamentalismos y no pasa nada y hoy les tienen prohibido a la Fuerza Pública -porque ellos no lo van a decir pero yo sí puedo- les tienen prohibido tocarlos”, precisó para medios nacionales el gobernador Orozco.
¿Mutó el conflicto?
Así las cosas, y a pesar de la firma de los acuerdos de La Habana, las Disidencias de las Farc se han venido organizando con los años. Para el caso del Tolima, y mediante el reporte de Alertas Tempranas (AT), la Defensoría del Pueblo hace vigilancia y seguimiento a la aparición de estas estructuras armadas.
“La presente Alerta Temprana está focalizada en la subregión sur, específicamente para los cuatro municipios con riesgo elevado de violaciones a los derechos humanos y DIH para la población civil: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Los municipios advertidos alcanzan un número de 101.611 habitantes, encontrándose 56.630 en la zona rural y 44.981 que habitan en la zona urbana” reza una AT emitida por la Defensoría hace un año.
Y continúa: “Ahora bien, la población que se identifica en riesgo para esta Alerta debido a la presencia y tránsito de facciones disidentes de las FARC- EP en el territorio, las cuales ya han desencadenado un repertorio de violencia que, además, configura infracciones al Derecho Internacional Humanitario, son los niños, niñas y adolescentes, líderes y lideresas sociales, Defensores de DDHH, indígenas, presidentes de Juntas de Acción Comunal – JAC, personas en proceso de reincorporación”.
Colprensa / EL NUEVO DÍA
El reclutamiento de menores, según la Defensoría del Pueblo, se continúa gestando en territorios donde hay presencia de disidencias.
Así pues, se habla de la consolidación de dos frentes del grupo beligerante: el ‘Ismaél Ruiz’ y el 'Dagoberto Ramos’, provenientes de la expansión de la guerrilla desde el suroccidente del país. A estos los recoge e Comando Coordinado de Occidente (CCO), según la Defensoría del Pueblo, “células guerrilleras que van desde las selvas del Guaviare hasta el Cauca, y quienes estarían organizados en cuatro columnas, tres frentes y una compañía, utilizando para ello armas cortas y largas, así como también prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares en algunas regiones del territorio nacional”.
Por otra parte, con los crecientes hechos de violencia en el sur de la región, los indicadores de robos, extorsiones, homicidios, reclutamiento y amenazas han sido sujeto de evaluación para los organismos de control y los centros académicos.
Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo también relaciona otros indicadores del contexto social al recrudecimiento del conflicto, como lo son el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), brechas educativas y rezagos académicos en el territorio.
Preocupación en la ‘Duma’
Tras la sesión especial que realizó la Asamblea Departamental en el municipio de Chaparral sobre finales del pasado mes de mayo, entre los diputados se dio a conocer la latente preocupación que elevaron los asistentes al encuentro democrático, entre ciudadanos, autoridades y demás actores sociales.
“Ya nos están diciendo por parte de las autoridades que para el sur tenemos que pedir acompañamiento para ejercer nuestro derecho a hacer política. Ya no podemos ir algunos partidos, como el Centro Democrático, porque no es bien visto que lleguemos allá”, refirió el presidente de la Duma, Felipe Ferro.
“Con la Duma hicimos una sesión en Chaparral, allá hablamos directamente con la comunidad sobre la seguridad, infraestructura y desarrollo agrícola de este territorio. Lo que vemos es que hay un problema serio de seguridad que hay que entenderlo de una manera más integral. Allá escuchamos cómo la fuerza pública nos daba unos indicadores, y concluimos es que se debe ver de manera más amplia, acompañando a las autoridades y generando más oportunidades”, opinó el diputado Renzo García.
Desideologización del debate
Desde su curul en el Congreso, el representante a la Cámara, Carlos Edward Osorio, ve con reticencia las disposiciones de la ‘Paz Total’.
Desde la oposición (Centro Democrático), llamó la atención al Gobierno Nacional tras los requerimientos de algunos gobernadores del país a razón de la presencia de grupos armados. En diálogo con esta redacción, compartió algunas precisiones sobre los recientes hechos en las regiones.
EL NUEVO DÍA: En la radiografía de la seguridad en la región, se sabe que hay presencia de las Disidencias de las Farc en el sur, ¿qué revisión puede hacer inicialmente sobre el tema?
Carlos Edward Osorio: Según un informe presentado por la Universidad del Tolima y CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), para el año 2020 el fenómeno del desplazamiento forzado dejó más de 100.000 víctimas; desplazamiento explicado por el conflicto armado.
Las conclusiones de este informe fueron entregadas en su momento a Francisco de Roux, presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. El Informe contó con la participación de víctimas del conflicto armado y el desplazamiento del Sur del Tolima.
Una de las razones principales, revela el informe, que explica el desplazamiento forzado en el sur occidente del Tolima, fue la intensidad de los señalamientos a la población, de ser colaboradores de las guerrillas, seguramente por ser la zona donde surgió la violencia, algo que los revictimizó durante mucho tiempo. El estudio concluye que el desplazamiento forzado es la consecuencia de la intensidad del conflicto entre los actores armados: guerrillas, principalmente las Farc-EP, paramilitares y fuerza pública.
Las amenazas, señalamientos, reclutamiento forzado y las acciones bélicas, fueron los hechos asociados al conflicto armado que generaron el desplazamiento masivo de población en los municipios de Ataco, Planadas, Rioblanco y Chaparral. Las víctimas manifestaron, que la principal afectación que han sufrido, ha sido la estigmatización por vivir en municipios donde nació la guerrilla. Según el relato de una de ellas, siempre fueron señalados de ser guerrilleros, al mismo tiempo que sufrían despojos de tierras, asesinatos y desplazamientos.
El estudio también señala que a finales de la década de los 90, la violencia en esta zona se recrudeció con la creación del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, y fue el periodo donde mayor número de desplazamientos forzados se dieron.
Recientemente el Gobernador del Tolima expresó su preocupación al Gobierno Nacional por la seguridad en el Tolima, afirmando además que en el departamento se vienen efectuando acciones contra las Disidencias de las Farc, contra las estructuras Ismael Ruíz, Dagoberto Ramos y Adán Izquierdo, y que se avanza en operaciones de control en esta región del país. Operaciones que, a juzgar por los resultados, no han sido ni suficientes, ni contundentes.
El Gobierno Nacional tiene una deuda histórica con el Tolima, toda vez que desde 1948 venimos padeciendo la violencia, la extorsión y el desplazamiento que perturban la tranquilidad, el bienestar y la seguridad, especialmente en el sector campesino y en los municipios del sur del Tolima. Sin duda, la violencia tiene que ver con las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, pero lamentablemente al revisar el Plan Nacional de Desarrollo actual, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, son muy pocas las esperanzas que nos quedan a los Tolimenses.
E.N.D.: ¿Hace falta endurecer políticas por parte del Gobierno de Gustavo Petro?
C.E.O.: Además de endurecerlas, hay que ‘desideologizarlas’. Desde luego que se hace necesario endurecer el accionar militar contra los grupos criminales. La premisa constitucional consagrada en el inciso 2º del artículo 2º de la Carta Política que prescribe que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Debe ser una realidad, y dejar de ser letra muerta. Basta con revisar los pilares de la política pública del Presidente Gustavo Petro, para comprender que el enfoque en materia de seguridad, dista años luz de lo que realmente se requiere para afrontar la problemática.
El objetivo principal no es perseguir a los grupos armados ilegales, sino el alivio humanitario en las regiones para lograr la ‘Paz Total’. Allí entramos en un círculo vicioso, toda vez que son los grupos armados ilegales los generadores de toda forma de violencia y accionar criminal. Si la prioridad no es combatirlos, no hay manera de garantizar el alivio humanitario
En cuanto a las drogas: “menos erradicación y más incautación”. Se trata de un discutible y equivocado enfoque, pues, sí de suyo la erradicación comporta problemáticas sociales difÍciles de sortear con las familias que subsisten del cultivo, mucho más difícil será para el Estado producir resultados en materia de incautación, dado que la fuerza pública se ve enfrentada a estructuras criminales especializadas, que están dispuestas a emplear todas las formas combinadas de lucha, para lograr llevar a puerto seguro el producto ilícito que una vez extraído del lugar donde fue cultivado, es mucho más difícil de ubicar.
Con respecto a la hermana República de Venezuela, se considera por parte del Gobierno del presidente Petro, que se trata de un aliado en materia de seguridad, y no en una amenaza como se venía considerando. Nadie discute la importancia de los vínculos comerciales entre dos naciones, sin embargo, no resulta fácil garantizar la seguridad en un territorio, cuando los esfuerzos sobre humanos que hace la fuerza pública Colombiana, se ven limitados por la ausencia de cooperación real del hermano y vecino paìs, en cuyo territorio se atrincheran y resguardan los grupos criminales. Por lo demás, la política del Bienestar de la Fuerza Pública se limita a darle más armamento y revisar los procesos de ascenso y cambio de categoría, además de acabar con el servicio militar obligatorio.
E.N.D.: Mucho se habló durante los acuerdos de paz del gobierno Santos respecto a los territorios que hoy ocupa el frente Dagoberto Ramos en el sur. Mientras unos salieron antaño, otros llegaron a ocupar el espacio, ¿cómo afrontar eso?
C.E.O.: El frente Dagoberto Ramos, fue de las primeras disidencias y se ubicó especialmente en el Cauca, con presencia actual en Tolima. Hace un poco más de un año, inteligencia de la Policía Nacional detectó que esta disidencia se estableció en el sur del Tolima por Planadas, Chaparral, Ataco, Roncesvalles y Rioblanco. Se le conoce especialmente por su agresividad y accionar sanguinario. La forma de enfrentarlos es con presencia institucional, mayor presencia militar en el territorio y llevando programas sociales a las comunidades indígenas las cuales mayormente son sometidas por esas disidencias.
E.N.D.: ¿Qué otra lectura puede hacer sobre el tema? La Gobernación ha estado atendiendo el tema con varias ‘limitantes’.
C.E.O.: Claramente en materia de orden público, los gobernadores de Colombia, son subordinados jerárquicos del Presidente de la República. La autonomía de las entidades territoriales, que por cierto constituye más una declaración romántica que una realidad, sí que no aplica en esta materia.
Yo valoro y pondero los esfuerzos del gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, a quien en esta materia sí que debemos rodear, por encima de las mezquindades políticas. Tanto él, como otros gobernadores se le han parado fuerte al Gobierno Nacional. Sin embargo, tienen muchas limitaciones, pues el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares, y quien tiene la última palabra en materia de orden público, es el Presidente de la República. Así lo establece la Constitución Nacional.
Lo lamentable es que estamos frente a un Gobierno Nacional distante y lejano. Ciego, sordo y mudo. Ciego porque no ve ni advierte el descontento y baja moral de nuestros soldados y policías, que no alcanzan a comprender los alcances de un cese bilateral, donde se les equipara a los grupos criminales que combaten. Sordo, porque ni oye ni escucha el clamor de los gobernadores que le reclaman redireccionamiento en la política de seguridad. Y mudo porque ante las solicitudes como las que hemos hecho de que se convoque a un Consejo Extraordinario de Seguridad urgente en el departamento, con la presencia de los 47 alcaldes, el Gobernador, y demás autoridades, calla. Insistimos e insistiremos naturalmente en esta solicitud.
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