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Ante una juez de control de garantías, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia formuló al señor Zuluaga Escobar dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares; mientras que a Zuluaga Martínez se le atribuye un hecho de fraude procesal. Los investigados no aceptaron los cargos.
En 2014, el entonces candidato a la Presidencia de la República y algunos representantes de su equipo político se habrían reunido con exdirectivos de Odebrecht en São Paulo (Brasil) y en el norte de Bogotá. Durante los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la constructora para pagar parte de los servicios profesionales que prestaría a ‘Zuluaga Presidente 2014 - 2018’ el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça.
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En atención a lo acordado, la campaña desembolsó en Colombia 1’645.021 dólares a la firma del reconocido publicista. Por su parte, Odebrecht giró 1’610.740 dólares desde una cuenta de Antigua y Barbuda, y con intermediación de un banco en Ginebra (Suiza), hacía una empresa que ‘Duda’ Mendoça tenía en Panamá. De esta manera, fueron cubiertos los honorarios del asesor brasileño.
Para la Fiscalía, con esta actuación se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales. Adicionalmente, se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’.
Las evidencias dan cuenta de que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta, sin incluir los aportes de Odebrecht. Así, obtuvo una reposición de votos por más de 25.291 millones de pesos.
Además, se estableció que el candidato y su gerente de campaña, en las declaraciones rendidas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), también habrían ocultado información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Por consiguiente, presuntamente, indujeron a error al CNE, que cerró una investigación administrativa que realizaba por financiación extranjera.
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