Elí Mendoza, conocido como "Martín Sombra" o "el carcelero de las FARC", le habría mentido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el caso de la masacre de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997 en el departamento del Meta, según denunció el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar.

“Las afirmaciones de Elí Mendoza son mentiras evidentes en el plano de la justicia transicional, lo cual sumado a la filtración selectiva de una audiencia reservada, solo contribuye a distorsionar públicamente la verdad sobre un episodio de violencia grave para el país, con el interés de favorecer a los perpetradores, revictimizando a las víctimas, sus reivindicaciones y sus memorias”, afirmó el Colectivo.

Mendoza declaró ante la JEP el pasado 13 de julio, en el marco del macrocaso 07 sobre "reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado", que hombres a su mando y que hacían parte del llamado frente “Aureliano Buendía” de la extintas FARC fueron los responsables de esa matanza, lo que contradice una serie de fallos judiciales que atribuyen el múltiple crimen a los paramilitares.

Incluso, la versión de Mendoza se opone a la declaración que sobre el caso entregó públicamente Carlos Castaño, el desaparecido jefe de los ultraderechistas, que confesó el asesinato de 49 personas y advirtió en su momento que habrían "muchos más Mapiripanes".

El Colectivo recordó que "a lo largo de 26 años han sido condenados 24 integrantes de grupos paramilitares y seis agentes estatales y otros continúan bajo investigación, decisiones judiciales que en conjunto han confirmado la responsabilidad de grupos paramilitares e integrantes de las fuerzas militares en una operación conjunta”.

La justicia colombiana condenó en su momento a dos ex paramilitares que confesaron el crimen, así como al coronel en retiro del Ejército Hernán Orozco y al general en retiro Jaime Humberto Uscátegui.

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"A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), concluyó el 15 de septiembre de 2005 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la masacre, en razón de la actuación conjunta de agentes estatales con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia AUC, decisión que estuvo precedida por un reconocimiento parcial de responsabilidad", sumó a sus argumentos Cajar.

El Colectivo le pidió a la JEP que "active el incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad" en el caso de Mendoza, puesto que la "falsedad" de su versión "configura un grave incumplimiento de las condiciones de sometimiento a la Jurisdicción transicional".

Para Cajar, la versión falsa de Mendoza, ante el Tribunal de paz, resulta ser una forma de "revictimización" tanto de las personas que vivieron aquel momento como de los parientes de las víctimas, que a lo largo de casi tres décadas han luchado por el reconocimiento de "sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición".

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