En un reciente escándalo que sacude los organismos de vigilancia y control en Colombia, se ha desatado una controversia que involucra directamente al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien está a punto de terminar su periodo, y al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, Contralor General de la República en funciones.

Según una investigación revelada por la Revista Cambio, Zuluaga habría facilitado acciones para que Barbosa ocultara detalles sobre el manejo de los gastos reservados de la Fiscalía correspondientes al año 2022, ascendiendo a la cifra de 51.888 millones de pesos. Esta suma representa un incremento del 171 % en comparación con el período anterior, donde se encontraron gastos por 19.119 millones de pesos.

Desde principios de 2023, la Contraloría General de la República inició una auditoría especial para investigar los gastos realizados por la Fiscalía durante el 2022. Sin embargo, se enfrentó a múltiples obstáculos orquestados por Barbosa, quien se negaba a compartir información bajo la excusa de que estaba protegida por "seguridad nacional" y su fuero especial, que impedía su investigación.

La resistencia inicial se tradujo en una medida extrema: la orden de no entregar los discos duros que contenían los registros financieros. Eventualmente, esta acción cedió, permitiendo la revisión, pero únicamente dentro de las instalaciones de la Fiscalía para evitar la filtración de cualquier documento. Entre las auditorías realizadas, se descubrió un uso particularmente controvertido de estos fondos reservados: la instalación de un sistema de blindaje en la residencia de Barbosa en Bogotá, utilizando recursos destinados originalmente para mejorar la seguridad del fiscal.

Este hallazgo sugería que una parte significativa de estos recursos no solo se destinó a la medida de protección mencionada, sino también a otros mejoramientos de su propiedad privada, bajo la justificación de la seguridad personal de Barbosa, según lo revelado por el medio citado. La investigación fue llevada a cabo por el grupo élite de la contraloría, encabezada por el contralor delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad, como estaba establecido desde el año 2015, cuando se emitió una resolución para investigar los fondos privados de algunas entidades, especialmente de las Fuerzas Militares de Colombia y la Fiscalía.

Sin embargo, la situación escaló cuando en noviembre de 2023, justo cuando se preparaba la publicación de los hallazgos preliminares de la auditoría realizada a la Fiscalía, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga intervino directamente, emitiendo una resolución en la que se cambiaba el grupo encargado de las investigaciones de carácter confidencial, aunque en su momento se estableció que las investigaciones en curso podrían terminarse.

El 26 de diciembre, el contralor dio otro golpe que, según se presume, buscaba favorecer la auditoría a la Fiscalía. La resolución 1607, emitida cuatro días antes de finalizar el año, implicaba que la supervisión de estos recursos se trasladara a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), liderada por Juan Camilo Zuluaga, quien sería un recomendado por el Partido Conservador y tendría un amplio poder dentro de la entidad, a pesar de su anonimato; un cambio que algunos analistas interpretan como un intento de enterrar el informe contra Barbosa.

El problema radica en que, con esta decisión, el plazo para entregar los resultados ya habría terminado, lo que implicaría que se tendrían que archivar los hallazgos y abrir una nueva indagación bajo la dirección de Zuluaga. Sin embargo, causó controversia que el movimiento se llevara a cabo justo cuando el equipo élite de la Contraloría estaba a punto de reunirse con la Fiscalía para que explicara los movimientos encontrados en los gastos reservados de la entidad.

Por su parte, Cambio también reveló la respuesta emitida desde la Contraloría, donde aseguraron que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de Francisco Barbosa, ya que su integridad estaba en peligro debido a las amenazas que había recibido, y cualquier filtración de información podría ser perjudicial para la Contraloría.

Además, afirmaron que su decisión se basó en una presunta desobediencia por parte del equipo auditor, ya que se les había pedido que revisaran los archivos dentro de las instalaciones de la Fiscalía para evitar que los datos salieran del lugar. Sin embargo, indicaron que el grupo élite insistió en que se les entregaran las copias digitales del controvertido contrato para mejorar la vivienda del fiscal.

“Pese a que el contralor había dado la instrucción de realizar la auditoría de esa manera, el equipo insistió en tener copia digital del contrato y hacer inspección donde estaban las características del tipo de blindaje. Frente a este hecho el contralor decidió cambiar la delegación”, aseguró la entidad al mencionado medio.

Sin embargo, esta explicación no ha logrado calmar las críticas ni los cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en la supervisión de los recursos públicos.