Esta determinación se enmarca en el seguimiento a la sentencia de 2008 que reconoció la salud como un derecho fundamental.

La alto tribunal recordó la obligación del Gobierno de financiar servicios y tecnologías médicas necesarias, destacando que no se cubren con los Presupuestos Máximos ni con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se señaló un bajo cumplimiento en este aspecto, lo que llevó al compromiso gubernamental de saldar la deuda de forma definitiva mediante el Acuerdo de Punto Final.

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A pesar de este acuerdo, la Sala de Seguimiento identificó que para 2023 aún quedaban pendientes pagos. El Ejecutivo informó que la deuda se completaría en agosto de 2022, pero se evidenciaron montos sin cancelar aprobados en el acuerdo, así como nuevas deudas surgidas a partir de 2020, principalmente relacionadas con servicios durante la emergencia por COVID-19. "El cambio no se logra solo en cuatro años": Francia Márquez desde Brasil

Ante esta situación, la Corte ordenó al Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, desembolsar los recursos pendientes en los próximos dos meses, una vez se les comunique la decisión adoptada.