Una de estas entidades es la Personería municipal, en cabeza de Isaac Vargas, a quien los firmantes, la Red Tolimense de Cultura, pidieron “apoyo y solidaridad con el gremio”.

“En particular a la grave situación que hemos venido evidenciando de manejos arbitrarios e indicios de grave detrimento del erario público que se han venido dando desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio”, indicaron.

Agregan que esto ha motivado denuncias públicas “en los medios de comunicación local y documentos varios, sin que se conozca diligencia alguna por parte de los organismos de control locales”.

“Dada esta situación, solicitamos su concurso para que se cursen las investigaciones preliminares, a fin de poder establecer las anomalías que venimos denunciando y la aplicación de los correctivos necesarios para el mejor desempeño de la función pública de esta dependencia cultural”, expusieron.

Y puntualizaron su comunicación haciendo mención a “nuestro derecho al trabajo y la dignidad como artistas, a la vez que el derecho de la ciudadanía al disfrute de cultura”.

El Personero

El jefe de este órgano del Ministerio Público indicó que, en efecto, la Red ha venido presentando sus quejas desde final del año pasado y que “al ser contundentes los quejosos, abrimos una investigación preliminar para establecer o no la responsabilidad de la funcionaria”.

Aclaró que “son los mismos temas que ellos mencionaron en diciembre (…). Lo que nos corresponde es el aspecto disciplinario; ya en lo patrimonial correspondería a la Contraloría”, explicó.

Es de recordar que son unas 22 corporaciones y grupos de distintas áreas los que han venido presentando sus cuestionamientos ante la cartera municipal. Esta redacción intentó comunicarse con su titular, Ángela Viviana Gómez, pero ella no respondió el teléfono.

Las quejas
El pasado 28 de diciembre, EL NUEVO DÍA publicó un comunicado en que los sectores agrupados en la Red Tolimense de Cultura exponía inconformidades con la jefe de la cultura municipal. Las quejas expuestas a los entes de control se basan en estas mismas. Son:

• El ejercicio de su función no correspondió al propósito cultural que el sector y la ciudadanía venían proyectando de profundizar en perfeccionar en la cultura hacia las comunidades, mediante procesos culturales continuados y permanentes y la activación de redes.

• El desconocimiento del Consejo municipal de Cultura, como organismo representativo del sector cultural que traza la política y decide la acción cultural del organismo (Ley 397 de 1997), fue dolosamente ignorado por imponer su criterio personal.

• No articuló la política y programas nacionales de cultura (Ministerio de Cultura) con el desarrollo cultural de la ciudad, perdiéndose oportunidades, recursos económicos y apoyos nacionales para el beneficio cultural de la ciudad.

• No se fortaleció ni se proyectó el sector cultural de la ciudad, por su manejo clientelista.

• En su administración, se abusó del presupuesto de cultura mediante la tercerización de la contratación y fue notorio el detrimento al erario público de los recursos económicos en inversión a entidades fantasmas (Escuela Efac, Infraestructura, nómina y dotación), sin que la Contraloría, Personería y Procuraduría hagan la veeduría correspondiente.

• Permitió que los recursos de la estampilla Procultura (Art. 666 de 2001), de obligatoria inversión en el sector cultural, en investigación, publicación, creación, apoyo a organizaciones, programas de formación a formadores y seguridad social del artista, se destinaran para usos diferentes al objeto de la misma, como patrocinar aspectos administrativos de la Secretaría.