Luego de la resolución de ratificación que emitió Cortolima a la sanción de los trabajos de Anglogold Ashanti (AGA) en Doima, la multinacional no podrá interponer más acciones sobre la decisión. 

Así lo dio a conocer el director de la autoridad ambiental, Jorge Enrique Cardoso, en rueda de prensa donde explicó los argumentos que tuvo para que la decisión siguiera en firme.  

El funcionario se refirió, además, a que la compañía ha cambiado de discurso y aún no existe claridad sobre las operaciones.  

Y dejó en claro que la multinacional no puede interponer recurso alguno donde se ratifica la suspensión de los trabajos de esta empresa.  

“Después de un análisis de dos meses tuvimos certeza de que lo que estábamos asumiendo desde la toma de la medida preventiva estaba técnica y científicamente adecuado a los parámetros constitucionales”, comentó Cardoso al iniciar los argumentos.  

Y explicó que sí hubo ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, ocupación de zona de rondas de varias quebradas del predio La Perdiz e ingreso de equipos de alta tecnología para hacer perforaciones de más de 150 metros de profundidad sin los permisos. 

¿Otro discurso? 

“Las argumentaciones de la empresa minera no corresponden a lo que en el campo verificamos; desde noviembre siempre nos dijeron que eran actividades no mineras, sino industriales y cuando fuimos había torres de perforaciones para buscar aguas subterráneas”, afirmó.  

Y agregó que luego de la medida de suspensión y en el documento en que la empresa pide la revocatoria de la medida, AGA cambió el discurso y planteó que eran actividades conexas a la minería.  

“La única área que ellos tienen autorizado para hacer ese proceso es el de La Colosa donde tiene esa autorización; y lo que ellos estaban haciendo es extender las actividades mineras a otros sectores, en Piedras no hay títulos mineros.  

“Además está prohibido por el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, que no fue modificado, como ellos lo argumentan; es una zona de alta fragilidad y no se podía hacer actividades industriales y menos mineras”, aseguró Cardoso. 

Frente a este tema, señaló que lo que se cambió fue algunos componentes de la zona urbana de Piedras y no el área rural.  

“No hubo alteración al debido proceso, porque la Ley 1333, que regula el proceso sancionatorio establece que los actos administrativos en los que se toma una medida preventiva, no tienen recurso alguno y son de inmediato cumplimiento”, explicó. 

Cardoso hizo referencia a los señalamientos de la multinacional en los que se asegura que la autoridad ambiental está debiendo 50 millones de pesos diarios por tener la maquinaria parada. 

“Les recordamos que la misma ley señala que los costos que se ocasionen están a cargo del presunto infractor, y no la Corporación”, afirmó Cardoso.  

Indicó, de igual manera, que si la empresa no retira la maquinaria en los 10 días que le dieron de plazo, se catalogaría como agravante dentro del proceso sancionatorio que continúa. 

La autoridad ambiental pidió a la multinacional abstenerse de efectuar cualquier actividad relacionada con el corredor que pasaría por Ibagué, hasta tanto no presente el documento por la Agencia Nacional Minera.  

"No hemos sido objeto de presiones de ninguna autoridad, porque libre y espontáneamente hemos expedido las resoluciones",finalizó.