Los demás afectados con la decisión fueron los jefes de Planeación e Infraestructura (E), Carlos Fernando Cortés Ayala y César Augusto Martínez, y de la Oficina de Servicios Públicos, Luis Enrique Corral Guzmán; la técnica operativa, Magaly Acosta Romero; el técnico administrativo, Víctor Alfonso Gómez Lozano y la secretaria de despacho (C), Dadiana Andrea Peña Hernández. 

El ente de control les reprochó la posible participación desde cada una de sus competencias funcionales, en contratos de obra y de prestación de servicios por valor de $60’808.400, en los que al parecer, no se habrían ejecutado las obras previstas, y se habría plasmado una firma que no correspondería con la del supuesto contratista. 

De comprobarse que consignaron hechos contrarios a la verdad en los bilaterales que supuestamente soportaron el desembolso de recursos del erario a un contratista, los exfuncionarios podrían estar incursos en la conducta penal ‘falsedad ideológica en documento público’. 

Con estas presuntas actuaciones, quienes hacían parte de la Alcaldía de Alvarado, pudieron desconocer el principio de moralidad por omitir su función de verificar el cumplimiento de los requisitos formales y legales que rigen la contratación estatal. 

Provisionalmente, las faltas de los implicados fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo. 

Los sujetos procesales podrán presentar su versión acerca de los hechos objeto de investigación y solicitar o aportar las pruebas que consideren necesarias para su defensa. 

Finalmente, el Ministerio Público señaló que surtida la etapa de instrucción se remitirá el expediente a reparto de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, para continuar el trámite procesal de su competencia. 

Antecedentes 

En 2017 se conoció que en la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia en contra del entonces alcalde de Alvarado Pablo Emilio López, y del exmandatario Yesid Fernando Torres Ramos, por varios presuntos hechos irregulares, entre ellos fraude y detrimento al patrimonio del Municipio.

En ese entonces el ente investigador buscó determinar por qué la firma en 12 contratos de mínima cuantía, que aparecían adjudicados a un ingeniero, no coincidían con la de su cédula ni con la de otros convenios que había hecho en Ibagué.

En la denuncia también se hizo referencia a que “se contrataron unas obras y no se ejecutaron o se ejecutaron otras obras diferentes, no especificándose cantidades ejecutadas”.

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