La declaratoria de 26 mil hectáreas, ubicadas entre Villarrica y Dolores, como Parque Natural Regional Bosque de Galilea, fue vista como un triunfo en 2019 por parte de las comunidades del oriente del Tolima, teniendo en cuenta que una multinacional petrolera pretendía iniciar actividades extractivas.

Dicha protección ambiental logró frenar estos intereses y menguar una de las mayores preocupaciones que había en el oriente del Tolima, no obstante, abrió la puerta de una problemática que tiene en vilo a decenas de familias sobre la propiedad de la tierra. Por eso, apoyadas con la Contraloría General buscan claridad sobre la titulación de los predios que conforman actualmente el Parque Natural.

El tema que ha sido debatido en diferentes escenarios, fue abordado una vez más en Ibagué a través de una Mesa Interinstitucional de Tierras. En la jornada participaron representantes de las comunidades del oriente, la Universidad del Tolima, la Agencia Nacional de Tierras, ANT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria del Tolima; igualmente, la Unidad de Restitución de Tierras y Cortolima.

El espacio fue moderado por la Gerencia Colegiada de la Contraloría General de la República a través del grupo de Participación Ciudadana. En dicha jornada se aprovechó para hacer una revisión de los diferentes acuerdos establecidos desde hace algunos meses con la UT.

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Antesala

Previo al inicio de la jornada, habitantes de Villarrica expresaron su molestia por lo que habría sido un acuerdo incumplido por parte de la Universidad, esto teniendo en cuenta que semanas atrás se habría acordado que la institución apoyaría a las comunidades con el transporte.

La idea era que, teniendo en cuenta la distancia en que viven varios de los interesados (entre 2 y 8 horas) del área urbana, la UT enviaría buses al oriente, el jueves 4 de mayo en la tarde, para recogerlos y así poder cumplir la cita del viernes 5 a las 9 de la mañana. Sin embargo esto no sucedió.

Según narraron algunos de los asistentes, la poca asistencia a la reunión obedeció a que el día anterior a la Mesa Interinstitucional, les informaron que el bus pasaba el viernes a las 5 de la mañana, esto debido a que la reunión se reprogramó para horas de la tarde.

Al conocer la nueva información, las personas que provenían de veredas distantes no pudieron viajar, pues además el trayecto de Villarrica a Ibagué puede durar entre 4 y 5 horas.

“No vemos esa garantía o compromiso desde la Universidad de lo que se había hablado como primer punto, que aquí (Ibagué) se iban a reunir integrantes mínimo de las 26 veredas, 10 que hacen parte del Parque Natural Regional Galilea y 16 que hacen parte de la zona de amortiguamiento del Parque Natural”, expresó una de las participantes.

Sobre esta situación, el secretario General de la UT, Andrés Bedoya, aclaró que la entidad que representa “nunca se comprometió en poner buses el 4 de mayo, ese no fue el compromiso. Revisamos el acta y encontramos que el compromiso que tiene la Universidad, un acto de buena voluntad de la Universidad, es tener a la comunidad el 5 de mayo acá en los auditorios (...)”.

Asimismo, comentó que la solicitud formal del transporte la recibieron el martes 2 de mayo, por lo que se les dificultó programar el transporte para el 4 de mayo, pues con anterioridad había prácticas establecidas con estudiantes.  

Reforma agraria en la década de los 60’s

Expuesto el impasse, se inició la agenda de la jornada que tenía como prioridad hacer una revisión minuciosa de los títulos, igualmente, de la propiedad privada que hace parte del Bosque y de las tierras de los campesinos colonos que son poseedores y tenedores de tierras. Esto teniendo en cuenta que el punto neurálgico de todo el asunto, es que existiría un cruce de predios entre las diferentes partes.

Ante la ‘madeja’ de incertidumbre sobre la propiedad, los habitantes de estas áreas piden claridad en cómo se les va a garantizar el respeto, ahora y de aquí en adelante, que tienen sobre las tierras que al quedar dentro del área directa y de amortiguamiento del Parque Natural Regional sufrieron, por decirlo de alguna forma, una afectación en el uso.

Uno de los intervinientes fue Edgar Vargas de la vereda Bello Horizonte en Prado, quien contó que comunidades de 26 veredas trabajaron y estuvieron de acuerdo con la declaratoria, para bloquearle el paso a la petrolera que contaba con permisos ambientales “para explotar petróleo en Galilea, las veredas se unieron para proteger los recursos naturales”.

Asimismo, recordó que en su caso viene luchando desde 1998 para que en su vereda los habitantes tengan las escrituras de las tierras que han habitado por décadas, además mencionó que la antigua Caja Agraria entregó predios a los campesinos de la zona para su sostenimiento.

A lo que hace referencia don Edgar y varios habitantes, es a lo ocurrido en la década de 1960. De acuerdo a relatos y datos históricos en ese entonces el Gobierno nacional adelantaba un proceso de reforma, por lo que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, dio inició a un proyecto de parcelación de tierras en el Tolima y Nariño.

En el informe ‘Tierras y Conflictos Rurales, Historia, Políticas Agrarias y Protagonistas’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, se precisa que entre la justificación para escoger estas dos regiones estaban problemas como carencia de tierras, la pobreza y analfabetismo. En el caso del Tolima se le agregaba “el estado de penuria agravado en los años 50 por la violencia y el abandono de tierras”.

Los municipios elegidos fueron Cunday, Villarrica e Icononzo “en un área aproximada de 30 mil hectáreas, de las cuales, 24 mil son aprovechables para agricultura y ganadería. La meta era beneficiar a mil 700 familias”.

Y según decreto 656 de 1963 la Caja Agraria a través del departamento de Parcelaciones y Colonización consideró disponer del predio denominado Galilea que tenía una extensión de 138 mil 500 hectáreas, teniendo en cuenta esta cantidad de tierras, hay habitantes que aseguran tener predios al interior del Parque Natural y que no sería del todo cierto que 16 mil hectáreas de las 26 mil declaradas en protección, son propiedad de empresas que nunca han hecho presencia en estas poblaciones.  

Escrituras ‘madre’

Teniendo en cuenta el meollo del asunto, la Veeduría de la Gestión Pública Ambiental del Bosque de Galilea, está buscando dos escrituras que consideran ‘madre’, una data de 1886 que está en la Notaría de Purificación y la otra está identificada como la Nº 3210 de 1945 que se encuentra en una Notaría de Bogotá, en ellas estarían los linderos originales del predio conocido como Hacienda Galilea, de la que haría hoy parte el Bosque de Galilea.

Los veedores consideran que estas escrituras son la clave para poder establecer como se generó el traslape de predios que eran de la Caja Agraria y que años después pasaron a ser donados a la Universidad del Tolima y manejados por la Fundación AMÉ. “Los objetivos de la Mesa son dos, el primero es el análisis de esa propiedad privada y el otro, es la relación de los campesinos con ese polígono”, precisaron.

Otra de las asistentes indicó que tienen el certificado de la Caja Agraria, en esa medida “cómo nos van a decir entonces que llegaron otros y aparecieron, y están comprando los bonos (de carbono)”.

Sobre este tema, una delegada de la Universidad del Tolima agregó que hay una última escritura que es la Nº 1425 de 1998, “donde se hace el desenglobe, parcelación y asignan matrículas inmobiliarias y fichas catastrales de los 119 predios (en la actualidad de la UT)”.

Ante las dificultades que han tenido tanto habitantes como Universidad para acceder a las escrituras ‘madre’, la Contraloría indicó que harán un acompañamiento dentro del ejercicio social participativo para obtener copia del documento que reposa en la Notaría de Purificación.

Mientras que desde la Oficina Planeación y Desarrollo Institucional de la UT, el compromiso es gestionar en los próximos 15 días la copia de la escritura que reposa en Bogotá, igual que en el caso de ‘Puri’.

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Seres humanos objeto de conservación

A su turno el procurador Judicial, Ambiental y Agrario del Tolima, Daniel Rubio, indicó que del ecosistema hace parte la flora, la fauna, los afluentes y también los seres humanos que habitan allí, por lo que también hay que protegerlos.

“Por eso creo, que es muy importante que en el Plan de Manejo Ambiental, en la fase de diagnóstico se haya recogido una cartografía social muy juiciosa que nos indique sobre qué polígonos, qué integrantes del ecosistema como seres humanos ejercen alguna actividad sobre el área protegida”.

De esta forma se puede establecer cuáles serán los habitantes que se pueden ver beneficiados de los proyectos que hacen parte del Plan de Manejo, “si uno eso no lo tiene claro, cuántos seres humanos hacen parte de ese ecosistema, pero adicionalmente en qué áreas del ecosistema interactúan con los otros objetos de conservación de ese ecosistema, nos queda la información parcialmente recolectada”.

Además agregó que si se tiene dicha información completa, el Plan de protección ambiental será exitoso, “si nos falta algo, ante la duda abstente”. Igualmente, comentó que antes de avanzar en su acogimiento por parte del Consejo Directivo se debe contar con información completa, es decir, así como se expone el hallazgo de nuevas especies, también se debe tener identificadas las familias, su ubicación y las actividades que adelantan.

“Insisto, muy seguramente será más fácil para la autoridad ambiental ejercer la gobernanza sobre esa área protegida casi que en sociedad con los seres humanos que están allí y no hacerlo solos”.

El representante del Ministerio Público resaltó que finalmente se dio un paso con la Agencia Nacional de Tierras, pues respondió varios de los interrogantes que rodean la problemática, de la misma forma sugirió que la Universidad del Tolima puede adelantar el estudio de títulos con el apoyo de la Agencia.

Y precisó, “así como se concentró muy bien en su trabajo, en un primer momento la Universidad del Tolima y luego la Universidad Tecnológica de Pereira, en la conformación del Plan de Manejo Ambiental, los objetos de conservación, al lado de ellos que tienen una preponderancia y valor ambiental, también hay unos sujetos que deben ser objetos de conservación y son los seres humanos que viven allí”.

Imagen de escritura de 1934.

Retazos de historia

De acuerdo a lo conocido por los lugareños y veedores en 1777 Luis Dionisio Caicedo tenía el título de la Hacienda Cunday o Galilea, que iba desde el río Prado hasta parte de Galilea, estas tierras se heredaron a través del tiempo por sucesión.

Hacia 1946 el predio lo hereda una descendiente de Caicedo junto a 32 esclavos, por lo que el predio fue dividido en varios lotes, “por eso la importancia de encontrar la escritura 3210 (…) ese documento es esencial para definir la legalidad de lo que es hoy hacienda Galilea”, comentó un veedor.

En 1952 las tierras fueron compradas por la Sociedad Agrícola Río Negro propiedad de los hermanos Gómez Hurtado, luego dicha sociedad pasó a ser Sociedad Agropecuaria de Río Negro, “ellos la conservan hasta 1994 cuando la venden a unos particulares, hay una escritura en una notaría del Retiro en Medellín que no tenemos, pero lo interesante de esa escritura es que Hacienda Galilea ya presenta linderos diferentes a los originales de la hacienda Cunday”, añadió.

Luego en 1997 la hacienda Galilea es comprada por la Sociedad Bienes y Servicios, un año después pasa a ser propiedad de Maderas del Oriente, en ese entonces se creó una nueva escritura “en la que aclaran los linderos de Hacienda Galilea, no con accidentes geográficos sino con coordenadas y así se engloban 16 mil 700 hectáreas de las cuales tenemos ya casi la certeza que ese globo ha invadido parte de los terrenos baldíos que se le adjudicaron a la Caja Agraria en 1960 mediante la resolución 485 del Ministerio de Agricultura”.

En este espacio salió a relucir nuevamente las propiedades que estaría manejando la Fundación AMÉ a través de un Fideicomiso y el proyector Red + con los bonos de carbono a espaldas de la comunidad.

En el globo están los predios donados a la Universidad del Tolima en 2003 por la Cooperativa Galilea. Por ello, una de las peticiones hechas a la Agencia Nacional de Tierras, es estudiar de fondo el plano de 1998 con la que se englobaron las 16 mil 700 hectáreas.  

Propuestas desde la CAR

Desde Cortolima los delegados indicaron que en la Formulación del Plan de Manejo existen dos proyectos que surgen de las observaciones recibidas. Una de las propuestas sería la adquisición de predios, para ello se deberá hacer un análisis profundo en la zona de conservación y la importancia ambiental donde se haría la adquisición.

La idea es adelantar un estudio para la actualización de la titularidad de predios dentro del área protegida. El 15 de mayo se espera tener la compilación de las observaciones al Plan de Manejo y las respectivas respuestas.

Villarrica sin malla catastral

En la sesión estuvieron presentes dos delegados de la Agencia Nacional de Tierras, uno de ellos fue Juan Manuel Noguera, líder de la Unidad de Gestión Territorial, quien explicó que entre los datos enviados de Cortolima estaba un plano que mostraba aproximadamente 139 mil hectáreas adjudicadas a la Caja Agraria por parte del Ministerio de Agricultura.

El funcionario recordó que Villarrica no cuenta con información catastral, lo que dificulta identificar cuáles son las 16 mil hectáreas que se anunciaron en 2003 que iban a ser donadas a la Universidad, “ese es el problema que tenemos, no podemos saber a ciencia cierta si están adentro, parcialmente o totalmente fuera del Parque (o) solamente hay un traslape”.

Añadió que es una dificultad que se evaluará cómo solucionarla para poder precisar la ubicación de los lotes de la Universidad. Seguidamente desde el alma máter se aclaró que a la fecha solo han recibido 3 mil 200 hectáreas.

Noguera resaltó que en la resolución 485 del 25 de mayo de 1960 el Ministerio de Agricultura hizo la adjudicación definitivamente a la Caja Agraria de las 138 mil hectáreas, pero en el artículo segundo deja salvo los derechos adquiridos por terceros, es decir, de los privados que existían en ese entonces.

“Las solicitudes de adjudicación o formalización que están de las personas dentro del parque no se pueden culminar porque hay una prohibición legal, la ley 1561 lo prohíbe textualmente, la Agencia en ese entendido no puede entrar a adjudicar o formalizar nada que esté dentro del Parque”, precisó.

Sin embargo, aclaró que lo que está en zona de amortiguación o aledaña sí, pero “revisando nuestros archivos, no tenemos solicitud de adjudicación o formalización, en la zona aledaña o al interior del Parque”.

Por su parte, Ana Ximena Bautista, Inspectora de Gestión de Tierras de la ANT, indicó que tras recibir solicitudes de la Contraloría y Procuraduría procedieron a buscar las solicitudes allegadas de restitución en esta zona, pero solo encontraron documentos desde el 2017.

También mencionó que el hecho de que Villarrica no tenga malla catastral dificulta en gran medida adelantar estudios de títulos. Pero los problemas no llegan ahí, pues al parecer en el folio de matrícula inmobiliaria de las 138 mil hectáreas no hay anotaciones de entregas posteriores.

“Ese folio de matrícula (3330) tiene una única anotación que es la entrega del Ministerio a la Caja Agraria de esas 138 mil hectáreas, no tengo catastro y la historia registral no está completa porque en ese folio nunca más se volvió anotar lo que pasó”.

La inspectora expuso que el Ministerio de Agricultura entregó las 138 mil hectáreas a la Caja Agraria con el propósito de que fueran productivos, a través de un título que se convierte en originario. Bautista en su intervención reiteró que la Agencia no puede formalizar predios que se encuentren al interior de áreas protegidas.

Alma máter una ‘aliada’

John Jairo Méndez, vicerrector de Investigación, Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social, indicó que el alma máter es un aliado, por ello, se vienen adelantando jornadas con diferentes entidades para esclarecer la propiedad que tiene la UT sobre las más de 3 mil hectáreas donadas a comienzos del 2000.

“Como Universidad estamos totalmente dispuestos a aclarar todo, si hay solapamiento en las escrituras, qué problemas tenemos por la tenencia de esta tierra por parte de la Universidad y lo que encontremos vamos a estar del lado de la comunidad”.

Otra de las peticiones hechas por parte de las comunidades es que se haga una disculpa pública que aclare que en la zona no hay problemas de orden público por grupos armados como quedó plasmado en un informe hace un tiempo. Sobre este punto, Méndez indicó que hay un docente trabajando en este tema y se hará “en su momento”.

En cuanto al compromiso de reunir delegados de las comunidades del Bosque con el Consejo Superior, precisó que “estamos pendientes de los informes que debemos presentar al Consejo Superior, para dar cumplimiento al compromiso de las disculpas públicas y al agendamiento de la comunidad con el Consejo”.
 

Campaña de titulación

Por su parte, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Galilea y Presidenta de Asociación de Juntas de Villarrica solicitó iniciar una campaña de titulación, reconocimiento de la propiedad de los campesinos que llevan hasta cuatro generaciones.

“El primer paso sería un censo comunitario y predial, ya que lo que fue la ruta declaratoria, la formulación de Plan de Manejo y demás, no hay certeza de cuántos son los campesinos y campesinas o predios que realmente hay en el territorio, en la Ecorregión”.

Otro de los testimonios surgió de la Asociación Agropecuaria El Progreso en Espinal, el delegado narró que en abril de 1991 un grupo armado desplazó a sus padres de zona rural de Villarrica, por lo que tuvieron que abandonar las tierras y nunca más pudieron regresar.

El hombre explicó que junto a varias familias tienen tierras que quedaron en la zona central del área protegida, “la Asociación es propietaria de 500 hectáreas, tenemos las escrituras y documentos con los que se hicieron gestión (para titulación) pero nunca han hecho eco para darnos solución a esta situación que tenemos, estamos esperando que las instituciones del gobierno nos den solución”.

Reclamos al aire

Otra habitante expuso que ha hecho los trámites pertinentes para esclarecer el tema de propiedad, pues no entiende porqué la Fundación AMÉ aparece con Certificados de Tradición y Libertad sobre un terreno del que no se tiene tradición de venta por parte de la Caja Agraria, por ello, sería “ilógico que la Fundación entregue parte de estos terrenos a la Universidad de Tolima, tampoco es lógico que la Fundación reciba los bonos de carbono siendo estos, de tierras que no son de ellos sino de los colonos que tienen su escritura y si la Caja Agraria no ha vendido la totalidad de los terrenos, serían activos de esta entidad o del Estado”.

La mujer precisó que en su caso el predio está en la vereda Galilea y quedó al interior del Parque Natural Regional, agregó que años atrás hizo la gestión para que Cortolima lo comprara, sin embargo, al final el negocio no se concretó.

Tras la declaratoria ha estado oficiando a diferentes entidades para precisar quién debe responder por su predio, las respuestas obtenidas la han conducido de nuevo a la CAR.

“Hice una investigación a fondo y hay dos sentencias en donde nosotros los propietarios somos los que tenemos los derechos. Una situación es que ellos administren y lo declaren Parque y otra es que perdamos nuestros derechos. ¿Quién nos tiene que responder? Cortolima”.

Agregó que el predio fue heredado por su familia, este corresponde a los otorgados  por la Caja Agraria para actividades agropecuarias y pagados por los campesinos en los 60 ‘s.

De la misma forma, mencionó que conoce casos en donde a pesar de que la tierra tiene por propietarios a habitantes, habrían sido donadas por la Fundación AMÉ a la Universidad del Tolima.

“No sé porque la gente se complica, si es tan lógico que si yo tengo un mapa con linderos específicos y son 138 mil hectáreas (entregadas de la Caja Agraria) como van a decir que dentro de esas mismas 138 mil hectáreas aparece una Fundación con unas matrículas diferentes, que no son de la matricula madre”.

Otra de las dudas en este caso, es si previamente a la declaratoria de Parque se les socializó la situación en que quedarían los predios, la mujer respondió que Cortolima “nunca” la ha llamado o se ha comunicado para explicarle cómo se estaba avanzando en ese proceso ni en el del Plan de Manejo.

En cuanto a los conceptos emitidos por el Consejo de Estado a lo largo de los años, la mujer encontró que “el particular no puede entrar a negociar libremente su propiedad o mejora cuando esta se encuentra dentro de una zona de reserva como un parque nacional, sino que debe ser negociado con el Estado quien es el único, en el estricto rigor jurídico quien está facultado para adquirir tales propiedades y mejoras”. 

DATO

EL NUEVO DÍA conoció que Asojuntas de Villarrica y el Comité Ciudadano de Seguimiento del Bosque de Galilea, junto a veedurías se reunirán el 24 de mayo con el Consejo Directivo de Cortolima.
 

DATO

Desde la Unidad de Restitución de Tierras, se explicó que en la actualidad hay 36 solicitudes en el área del Bosque de Galilea en jurisdicción de Villarrica, 13 de ellas fueron negadas, 12 están pendientes por decidir, cinco cumplen los requisitos y están en manos de los jueces, seis ya tienen inscripción ante registro por lo que los casos pasan a los jueces especializados de restitución.

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