Tras la mesa de diálogo que sostuvieron funcionarios de la Gobernación del Tolima y líderes del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO, que derivó en una serie de acuerdos, salieron a la luz detalles de los presuntos actos vandálicos acaecidos en el Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

En diálogo con EL NUEVO DÍA, Carlos Alberto Rojas, gerente de Usocoello, contó que más de 200 personas, entre ellos, según información que conoció, al parecer indígenas provenientes del Cauca, irrumpieron en las instalaciones de la bocatoma del sistema, destruyeron equipos, provocaron afectaciones ambientales al río Cucuana, atentaron contra un muro de la presa derivadora e incluso “retuvieron” a un operario.

Asimismo, señaló que ‘vandálico’ era el único calificativo que podía otorgar a los actos que tuvieron lugar entre las 4:30 p.m. y 6:30 p.m. del pasado lunes, cuyos protagonistas arribaron, en su concepto, a bordo de camionetas y buses escaleras.

“Estas personas ingresaron a la bocatoma y destruyeron parte de los equipos del contratista que tenemos allá para la rehabilitación de la presa derivadora, dañaron una máquina, tiraron más de 50 bultos de cemento al río Cucuana, botaron toda la herramienta de la maquinaria al río”, reseñó Rojas.

Y agregó: “Se llevaron una planta para taladrar el muro que soporta la presa derivadora, no pudieron hacerlo porque es muy resistente, lo cogieron a maceta, cosa que tampoco les dio resultado, (e) hicieron tres explosiones en la presa para tumbarla”.

El distrito está situado entre las poblaciones de San Luis y Guamo. SUMINISTRADA / EL NUEVO DÍA

Si bien se habla del uso de dinamita, acotó que se lleva a cabo una evaluación técnica con el propósito de determinar qué material emplearon para atentar contra la estructura. Igualmente, sostuvo que tales actos podrían haber perjudicado el suministro de agua en algunos sectores, pues rememoró que el sistema surte el acueducto de Guamo, veredas adyacentes y beneficia miles de hectáreas en las cuales se cultiva arroz, maíz, entre otros.

“También habría podido haber afectaciones gravísimas aguas abajo de la presa, porque recordemos que es un muro de 120 metros de longitud por 7 metros de alto, que puede estar acumulando cualquier cantidad de agua y material, y se podría originar una avalancha”, expresó el gerente, quien también criticó el hecho de arrojar material como cemento al afluente.

Y concluyó: “En estos momentos no tenemos protección y estamos pidiendo eso, porque en cualquier momento pueden ingresar nuevamente y cometer actos de vandalismo para terminar de acabar con la bocatoma”.

Acuerdos

La mesa de diálogo finalizó a las 10 p.m. del pasado martes. JORGE CUÉLLAR / EL NUEVO DÍA

Por su parte, Juan Pablo García, secretario de Planeación y quien fungió en el marco de la mesa de diálogo con los líderes de las AISO como gobernador encargado, acotó que gran parte de las peticiones realizadas eran referentes al orden nacional e hizo hincapié en que “la voluntad política no puede estar por encima de la capacidad jurídica de los entes territoriales”.

Así pues mencionó, respecto a la solicitud de que las comunidades indígenas administren directamente el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que para tal asunto el Ministerio de Educación es quien establece las ‘reglas de juego’. A su vez, indicó que ya hay un contrato para cumplir con tal objetivo.

Sin embargo, relató que: “Manifestamos nuestra intención de hacerlo para la próxima vigencia, en ese sentido establecimos que para septiembre u octubre vamos a hacer una primer mesa con el Ministerio de Educación para que las condiciones que ellos presenten (AISO) sean validadas por el Ministerio y así avanzar en el proceso”.

En cuanto al hecho de disminuir el tamaño de la presa de Usocoello sobre el río Cucuana, otra de las propuestas que se puso sobre la mesa, el funcionario rechazó los actos de vandalismo y dijo que en julio se desarrollará un espacio en el que dadas sus competencias, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, participarán en el mismo con el ánimo de atender a las problemáticas que advierte la comunidad.

La postura de las AISO

Por medio de un documento, publicado en sus redes sociales, el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente señaló que se declaraban en Asamblea Permanente en el marco del plan de vida global de las AISO por la recuperación del río Cucuana.

En la misiva, además, denunciaron que a las comunidades se les ha negado el acceso a la pesca, práctica que califican como principal fuente de alimento y manutención. “Por causa del embalse que provoca constantes inundaciones nos quitaron el sustento económico que teníamos con los cultivos de plátano, cachaco y frutales”, agregan.

De la misma manera advierten que Usocoello ha usufructo, en su concepto, “predios sobre los cuales no han realizado el debido reconocimiento económico a la familia”. A su vez, alegaron que pese a las solicitudes de la comunidad del pueblo Pijao ante dichas problemáticas, alegan que ha existido indiferencia por parte de las entidades del orden local, regional y nacional. 

Voz de rechazo

Tras lo ocurrido, diversas instituciones se pronunciaron. Tal es el caso de la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Distritos de Adecuación de Tierras, Federriego, que no solo condenó los daños causados sino que solicitó “a las instituciones del Estado responsables de la política agrícola y de desarrollo rural, apoyar y acompañar a los usuarios del distrito de Usocoello en las reclamaciones del caso ante las autoridades competentes,así como a la recuperación de los daños causados con este desmesurado e incomprensible acto violento”.   

Por su parte, la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, Industrial y Ambiental de las Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Riego del Tolima, Coagrodistritos, a través de un comunicado se solidarizó con Usocoello y señaló que “reconocemos su labor y dedicación en la operatividad y sostenibilidad del sistema Cucuana, y entendemos que estos hechos ponen en peligro no solo su trabajo, sino también la producción agrícola que depende de dicho sistema”.

Otro de los que alzó la voz fue la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, que considera que los hechos son un “grave atentado a la prestación de un servicio público que beneficia a cultivadores de 26 mil hectáreas destinadas a la producción de arroz, que hacen parte del desarrollo socioeconómico del departamento”.

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