En el marco del seguimiento al proceso de liquidación de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Ecoopsos del Tolima, la Procuraduría General de la Nación requirió a entidades del orden central, departamental y municipal, informar los avances en la transición del servicio de salud al que tienen derecho los usuarios de esta entidad.

Y es que según señaló la Supersalud en su momento, la EPS contaba con más de 356 mil afiliados, siendo en su gran mayoría usuarios que pertenecían a población en condiciones vulnerables de los departamentos como Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Huila, Boyacá, Meta y Córdoba.

Teniendo en cuenta esto, según un comunicado, recientemente se adelantó una reunión en la cual el ente de control recordó a Ulahi Beltrán, superintendente Nacional de Salud; Judith Escandón, agente liquidadora de Ecoopsos; Claudia Milena Correa Sánchez, secretaria de Salud del Tolima; Martha Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué y el gerente del hospital Federico Lleras Acosta, Luis Eduardo González, que "las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua”.

Igualmente que “una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas".

Asimismo, en la mesa de trabajo liderada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Tolima se acordó, entre otras labores, que la agente liquidadora informará cómo va la caracterización de la población.

También dará a conocer los avances en la remisión de los pacientes que deben continuar su tratamiento en la nueva red de servicios de salud que los atenderá, y las actuaciones dirigidas a proteger y garantizar los derechos de los afiliados.

Por su parte, la Secretaría de Salud del Tolima ejercerá funciones de inspección y vigilancia a las EPS receptoras de alrededor de 50.000 afiliados Ecoopsos en liquidación, para que el proceso de recibo de estas personas se lleve a cabo en los términos y tiempos previstos, de tal manera que los afiliados reciban sin interrupción sus tratamientos y medicamentos.

Por último, el Ministerio Público puntualizó que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y para ello deberá entre otras acciones, formular y adoptar políticas de salud en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello, la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del sistema.

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