Por orden judicial cerca de 20 personas, integrantes de una misma familia, fueron desalojadas de la finca “El Paraíso”, ubicada en el sector de Calambeo, el pasado 28 de julio. Según los afectados, la mayoría de los ocupantes, quienes vivían allí desde 1988, habían recibido de parte de Roberto Augusto Calderón, el propietario, el predio para su cuidado a cambio de un salario mensual, pero este nunca les canceló sus servicios.

“Nosotros le trabajábamos a él en una bodega y el 14 de noviembre de 1988 nos mandó para la finca a cuidar allá; él hizo el trato con nosotros: que nos llevaba a trabajar y que él me pagaba 10 mil pesos mensuales, a mi esposo le pagaba el trabajo por aparte y se encargaba también de los servicios de luz y agua, pero nunca hizo nada de lo que prometió”, relató angustiada Virgelina Benavides Fajardo.

Las mejoras

En la propiedad, de dos hectáreas y media, Virgelina Benavides y Jesús María Santos Rueda lograron la instalación de gas y teléfono, cultivaron diferentes productos y pagaron los servicios vencidos. “La casa no tenía ni luz ni agua porque todo estaba cortado cuando llegamos: el gas y el teléfono los coloqué a mi nombre, tengo todos los recibos; la finca tiene varios cultivos, pero él no ha respondido con nada.

Tenía una tiendita ahí en la casa y de ahí sacaba para pagar los servicios; en tanto tiempo que vivimos ahí no llegué a conocer la esposa ni la familia de él”, recordó la mujer, de 65 años de edad.

La diligencia

Tres años han pasado desde que inició la lucha entre la familia Santos Benavides y el dueño del inmueble. De acuerdo con Virgelina, durante este tiempo tres veces habían tratado de desalojarlos. “Él está diciendo mentiras, presentó un poco de chismes con falsificación de documentos; nunca le firmamos contratos ni documentos, esos papeles son falsos, porque no conozco ninguno de los que él menciona”, refirió.

Sumado a lo anterior, mientras la diligencia se cumplía Jesús María estaba con su esposa en la clínica, debido a su delicado estado de salud. “Desde hace días mi esposo estaba maluco y esperábamos que se acercara el señor Roberto para arreglar con nosotros; el día del de­salojo no me encontraba en la casa porque estaba con mi esposo en la clínica. Llegaron allá como si nosotros fuéramos unos delincuentes, con una cantidad de policías, y fueron sacando a mis hijos y al resto de la familia; tuvimos dos abogados, pero no sé qué pasó porque al final hicieron la diligencia.

El Alcalde apoyó a Hernando Álvarez Urueña (abogado de la contraparte) y a Calderón porque ellos son políticos; allá se quedaron las gallinas y otros animales porque no dieron plazo de sacar más nada”, acotó Benavides. La mujer aseguró que Jesús María, de 63 años, se encuentra en cuidados intensivos en la Clínica Sharon, “pero a ese señor no le importó nada hacer eso con nosotros; mi esposo no sabe que nos desalojaron porque el médico nos dijo que hay que tener mucho cuidado, que tiene la tensión alta. Nosotros estamos arrumados, tengo la familia regada, mis hijos viviendo en donde amigos y otros familiares”.

Por último, la afectada aclaró que no pretende quedarse con la propiedad, sino que le paguen la liquidación correspondiente a 23 años de trabajo. “Pido que ese señor no se salga con la suya. Tuvimos tanto tiempo de trabajo que porqué no se acercó a decirnos ‘vea, les voy a dar tanto’ para uno salir y sobrevivir, eso era lo correcto y no mandarnos una cantidad de policías para sacarnos como perros y no dar la cara.

Sólo queremos que nos pague lo que corresponde; le dejó plata a uno de mis hijos para pagar arriendo por dos meses, pero sólo le dio para un mes. No quiero saber nada del dinero que dejó, sólo que nos responda”, expresó Virgelina, con lágrimas y la voz entrecortada.

La voz del abogado

Entre tanto, el abogado Hernando Álvarez Urueña, quien estuvo en la diligencia, señaló que en el procedimiento no hubo ningún abuso ni irregularidad y que simplemente se cumplió con una orden dada por un Juzgado.“Eso fue una diligencia común y corriente, como normalmente se hacen en Ibagué todos los días, que fue producto de una decisión judicial.

Ellos incluso habían acudido a la tutela, pero perdieron en primera y segunda instancia; hicieron todo lo que ellos consideraban que podían alegar por medio de su abogado, hubo hasta denuncias penales, simplemente depende del ángulo como uno quiera ver las cosas: ellos con ganas más bien de quedarse con un predio que obviamente es de una persona muy conocida en Ibagué porque decían que llevaban muchos años allá”, dijo.

Igualmente, Álvarez Urueña precisó que los miembros de la familia no eran trabajadores, sino que vivían en la finca en calidad de arrendados: “Sencillamente habían firmado un contrato de arrendamiento, no pagaron el arriendo y con ese contrato finalmente el Juez determinó que había que recuperar el inmueble, quiere decir que no hay ningún hecho raro o que haya algún abuso o manipulación por parte del abogado o del interesado; es un hecho que se realiza en Ibagué en la restitución de un inmueble, ellos quedaron muy dolidos como todo el que pierde un proceso, pero este cumplió con todos los requisitos de ley”.

“Ellos quieren hacer ver que cuidaban el inmueble pero si eso fuera así, entonces tenían la posibilidad de un proceso laboral, si es un abuso tienen las posibilidades de hacer valer sus derechos”, finalizó el profesional del Derecho.