El grupo Cantatierra, que se presentó a la convocatoria 03 para la atención a la primera infancia en Ibagué y su cabecera, que comprometía recursos por mil 336 millones de pesos, dejó constancia del presunto favorecimiento desde el Icbf para permitir que las grandes empresas se quedaran con el negocio.

La representante legal de esta ONG, Nubia Mafla Vásquez, afirmó que aun cumpliendo con todos los requisitos habilitantes, la propuesta obtuvo una baja puntuación, que ocasionó dejarla fuera de la competencia.

Según la licenciada Mafla Vásquez, los pliegos al parecer estarían diseñados para favorecer a grandes empresas, pues a la hora de puntear la liquidez, empresas como Funimedes e Imix, las más grandes en el mercado, tendrían más opciones.

“Consiste en que además de la contrapartida, de la gran experiencia, se tenga en cuenta el buen manejo del programa que estamos manejando en la modalidad familiar y se tenga en cuenta a las corporaciones, ONG, que arrancan porque realmente no tienen alguna oportunidad. Yo salí habilitante, cumplí con todos los requerimientos, pero en la contrapartida los grandes se llevan todo y pienso que hay que tener en cuenta el buen funcionamiento y manejo que se viene dando”, señaló Mafla.

En la liquidez financiera, Cantatierra obtuvo un puntaje de 45 sobre 100, situación similar a la sociedad Agroecológica del Tolima (Aetol) que compitió contra Funimedes para prestar atención a los niños, niñas y madres gestante y lactantes en las veredas. A pesar de cumplir con todos los requisitos habilitantes, la calificación fue de 40.

Más cuestionamientos

La Cooperativa Multiactiva de Comercialización de Colombia (Preecoopvíveres) solicitó al Icbf revisar detenidamente las hojas de vida allegadas por Funimedes a la convocatoria Guamo - Flandes, que comprometía recursos por cerca de 939 millones de pesos. Las críticas del representante legal de la empresa, José Yamel Lozano Caicedo, se especifican en que las hojas de vida no cumplían con el debido cumplimiento de los requisitos.

“Eugenia Bonilla Arturo no allegó la carta de intención donde manifestara la intención de suscribir contrato con Funimedes de salir favorecido en la asignación de los recursos, requisito habilitante para la misma.

De igual manera, inconsitencias en el diploma de bachiller, con fecha de 12 de abril de 1998 y fecha de acta del 7 de diciembre de 1997, lo que derivaba en la no veracidad del contenido. Lizeth Durán Herrera (coordinadora), quien no envió la tarjeta profesional de psicóloga, y Alexy Milena Jiménez, de quien no se registró copia del diploma profesional y existían incongruencias en la experiencia certificada.

Se argumenta que obtuvo el título en 2002, ejerciendo la profesión desde 1998 en el Colegio Latino, mismo año en que supuestamente fue contratada como docente de tiempo completo en el colegio Eucarístico.

“Con lo anterior se evidencia que las certificaciones no brindan credibilidad y seriedad que debe tener un documento en la presentación de la propuesta”, señaló Lozano Caicedo.

Pero aún más importante que en el caso de “Luz Karime Ramírez, no se presentó acta de grado como psicóloga, diploma de bachiller y acta de grado, lo que deja en evidencia que no cumple con los soportes académicos requeridos por Funimedes, al no acreditar para el grupo 12 el talento humano habilitador de la oferta”.

Llama la atención que dentro de este contrato, Funimedes obtuvo 75 puntos, la máxima calificación, proceso en el que también participaron Construyamos Colombia (65), Precoopvíveres (10) y Corpudesa, que no cumplía.