Después de un año y medio de incertidumbre sobre el destino jurídico del contrato 060 de 2011 suscrito entre el Municipio y el consorcio Acualterno para la ejecución de la primera fase del Acueducto Complementario, hoy suspendido, el gerente del Ibal, Carlos José Corral, confirmó ayer en debate de control político llevado a cabo en el Concejo, la decisión de liquidar el acuerdo.

Lo anterior con base en el control de advertencia efectuado por la Procuraduría Regional, sobre la inconveniencia de reorientar recursos del Empréstito de los 100 mil millones, aprobados por el Concejo en 2012, al reajuste del valor del contrato (de seis mil 292 millones de pesos) para establecer el monto en cerca de nueve mil millones de pesos.

“Me permito informarle que en sesión de Junta Directiva del Ibal, del día 28 de febrero, se ordenó al gerente de la misma, iniciar el proceso de terminación y liquidación bilateral del contrato 060 de 2011 suscrito con el Consorcio Acualterno, en razón a que los recursos que iba aportar el Municipio de Ibagué, para garantizar el valor del ajuste aprobado al gerente hasta por el 50 por ciento del valor inicial del contrato, eran provenientes del Empréstito autorizado por el Concejo y en función de advertencia elevada por la Procuraduría General de la Nación a la Administración se manifestó que los mismos no pueden ser destinados al proyecto Acueducto Complementario con fuente alterna”, cita el oficio enviado al representante legal del consorcio, Miller Suárez, el pasado jueves por parte de la gerencia del Ibal.

El directivo de la empresa indicó que el Ibal accedió en septiembre del año pasado a autorizar la adición en tres mil 148 millones de pesos, dando plazo al contratista de legalizar el recurso hasta finalizar la vigencia, por lo que al no surtirse trámite, el certificado de disponibilidad presupuestal se perdió.

Sin embargo, añadió que Acualterno tendrá que decidir si ejecuta la totalidad del contrato 060 y los recursos que se encuentran en la fiducia que ascienden a tres mil 364 millones de pesos.

No obstante, el secretario general del Ibal, Ricardo Arroyo, subrayó que si las partes no logran de común acuerdo liquidar el contrato, deberá ser el Tribunal de Arbitramento el que dirima ¿cuál es el reconocimiento económico que se deberá hacer y las condiciones en que se deben ejecutar las obras?.

El funcionario agregó que en esta oportunidad, el Ibal podrá acudir al Tribunal de Arbitramento “si no lo hace Acualterno en 15 días lo hace el Ibal”, expresó.

¿Otra salida en falso?

Desde septiembre de 2013, el Ibal confirmó la intención del contratista de acudir al Tribunal de Arbitramento para dirimir la ejecución de unas obras que ocasionarían un reajuste al valor inicial del contrato por 12 mil millones de pesos.

En diciembre del mismo año, se informó que las partes habrían firmado un compromiso para que un árbitro resolviera las diferencias jurídicas surgidas entre las partes con relación a la celebración y ejecución del contrato 060.

En un término de 10 días, debía ser radicada la demanda ante la Cámara de Comercio para iniciar el trámite.

En marzo del año pasado, Corral afirmó haber sido radicado el documento a la entidad cameral, agregando que no era la posición de la empresa acudir a estas instancias.

El 8 de abril, después de los pronunciamientos efectuados, Corral se retractó. El entonces jefe Operativo del Ibal, Ricardo Salcedo, se pronunció afirmando que se había autorizado el adicionar y/o reajustar hasta el 50 por ciento del contrato y que los recursos serían desembolsados al contratista en un término mayor a 15 días.

A finales del año pasado, el alcalde Luis H. Rodríguez, tras haber anunciado la liquidación del contrato, dijo haber dado la última oportunidad al contratista y poder retomar el inicio de las obras. Los recursos del Empréstito serían destinados a favor de Acualterno.

Sin embargo, la Alcaldía a través del Ibal, reiteró la intención de liquidar el contrato, sin descartar la intervención del Tribunal de Arbitramento.

Por su parte, el concejal Camilo Delgado, recibió con beneplácito la posición del Ibal, pues al Cabildo se allegó copia del oficio enviado al contratista por parte de Corral para liquidar el contrato.

“Es un buen comienzo, por lo menos para acabar con un contrato que le ha costado miles de millones de pesos al Estado y que ha generado repudio y manifestaciones negativas de los ibaguereños”, subrayó.

De igual manera, indicó que se debe replantear y valorar la posibilidad de no invertir más recursos, que como lo advirtió Cortolima en 2007, se ejecutan en una zona atravesada por tres fallas geológicas, altamente rocosa y frágil por la remoción en masa.

¿De nuevo un fortín político?

El concejal Delgado indicó que los ibaguereños no deben creer en los políticos y/o aspirantes a cargos de elección popular que tomen como propuesta de campaña dar solución al tema del suministro del agua con el Acueducto con fuente alterna, pues como quedó demostrado han transcurrido más de dos décadas y mientras son pocos los avances, el detrimento aumenta, prueba de ello es que se han invertido cerca de 37 mil millones de pesos.

“Muchos políticos y politiqueros van a utilizar el problema del agua como su caballito de batalla, llevamos 24 años hablando de lo mismo y no hubo una solución real; hoy tenemos el tema muy conciso, este gobierno y los que vienen no van a terminar el proyecto de Acueducto Complementario, este elefante blanco que se está alimentando con los dineros de los ibaguereños nos demuestra que no será viable, de manera pues que no nos dejemos engañar”, dijo Delgado.

Tubería

El Ibal informó que evaluará la posibilidad de trasladar la tubería que se encuentra en la vía Coello, predio denominado Santana, a terrenos propiedad de la empresa, para evitar el pago por concepto de arrendamiento a terceros.

A la fecha, el Ibal ha cancelado 123 millones de pesos por el almacenamiento de los tubos en concreto que en algunos casos registran afectaciones y cuya inversión alcanzó los 10 mil millones de pesos.

El secretario General del Ibal, Ricardo Arroyo, aseveró que trasladar la tubería a terrenos como el de La Florida y/o Boquerón, tendría un costo significativo, pues en un balance próximo se recogerían 600 tubos y por cada uno se cobraría 120 mil pesos.

Arroyo argumentó que el Ibal debe evaluar la relación costo beneficio, si se compra el predio o paga cerca de 450 millones de pesos para trasladar la tubería a un lugar con óptimas condiciones para el mantenimiento de la misma.