El Panóptico de Ibagué, además de ser conocido como un elefante blanco en el país, también ha sido denominado como el hoyo negro o el Triángulo de las Bermudas, pues los dineros públicos invertidos parecen desvanecerse sin que se culmine y se haga entrega de la sede del título que ostenta la ciudad como capital de los Derechos Humanos.

La Alcaldía de Ibagué y el Gobierno departamental han invertido más de tres mil millones de pesos para culminar la fase Uno y que dará sostenibilidad económica al proyecto. En la ejecución de los recursos ha participado la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el Consorcio Panóptico que no han estado exentos de crítica por parte de la Red de Veedurías Revisar y organismos de control.

El Convenio 923 suscrito por la Administración del alcalde Jesús María Botero y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, por mil 619 millones 196 mil pesos, permitió la sustitución de la estructura de la cubierta, edificación de la misma, instalación del cielo raso y superboard, equipos hidráulicos y eléctricos, construcción del tanque subterráneo, tomacorrientes y acometidas.

La obra que debía ser ejecutada en cinco meses, tardó cuatro años en ser entregada; no sin antes advertir la deficiente manufactura en los trabajos, acabados y baja calidad en los materiales empleados y denunciados por Revisar. Sin embargo, la Administración de Luis H. Rodríguez recibió el 21 de agosto de 2013 a satisfacción los trabajos.

En la edición del pasado 14 de abril de 2013, un ingeniero reconocido de la capital y quien habló en forma anónima, advirtió que el área de aproximadamente 800 metros cuadrados habría tenido una inversión superior a los dos millones de pesos, algo insólito.

A la fecha y al efectuar la sumatoria de los dos contratos suscritos y dividirlos por el área del proyecto, el valor aparentemente superaría los cuatro millones de pesos.

Un contrato sin terminar

El 25 de agosto del año anterior, la Administración municipal a cargo de Luis H., adjudicó el segundo contrato por mil 852 millones para culminar la parte nueva del Bien de Interés Cultural al consorcio Panóptico, representado por el ingeniero Civil, Hugo Miguel Ferro Molina, quien trabajó en la Gestora Urbana en la administración del hoy exalcalde Jesús María Botero y colega de la secretaria de Cultura, Ángela Viviana Gómez.

Ferro Molina, además de ser cuestionado por su cercanía con Gómez y prestar asesoría al proyecto de vivienda Villas de Gualará, en el cual la Contraloría Municipal efectuó hallazgos fiscales, reconoció a EL NUEVO DÍA en la etapa inicial del contrato, su falta de experiencia para la ejecución del objeto contractual. Sin embargo, añadió “Voy a demostrarle a EL NUEVO DÍA y a todos los ibaguereños que las obras van a quedar funcionando y que se van hacer con una calidad del 100 por ciento”,

La Contraloría municipal en auditoría efectuada al contrato, detectó irregularidades que ponen una alerta sobre un posible despilfarro y uso deficiente de los recursos del erario y que “mancharía la Alcaldía de Luis H”.

El órgano de control fiscal determinó que en la primera acta cancelada al contratista por valor de 567 millones 321 mil 209 pesos, el 77.29 por ciento de lo pagado, es decir, 438 millones 490 mil pesos, no corresponde a los ítems previstos en los pliegos de condiciones.

“Se observan deficiencias en las especificaciones técnicas adelantadas a dicha obra”, añade la Contraloría. En total, 63 ítems no previstos se incluyeron en el acta de recibo parcial.

Se establece que se desconoció el principio de economía y planeación que trata el artículo 209 de la Constitución Política y el tercero de la Ley 489 de 1998 y en el manual de contratación, “generando ineficacia en el manejo de los recursos al poner en riesgo el logro de las metas propuestas”, señaló la Contraloría.

Pero como si fuera poco, se detectó que al verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y cantidades de obra liquidadas, se permitió que se llevará la contratación con diseños y estudios técnicos previos que no corresponden a los de la licitación.

En razón a esto, se efectuaron excavaciones de 80 centímetros de profundidad (no previstas) en las terrazas tres y cuatro; la suspensión en la ejecución del contrato por inconsistencia en los planos, contratar el diseño de pavimentos para el adoquín a instalar y levantamientos topográficos de las áreas a intervenir.

El órgano de control fiscal determinó que el estudio de suelos que no fue tenido en cuenta, tuvo un costo de un millón 800 mil pesos sin que los recursos hayan sido desembolsados. Sin embargo, no descarta un posible detrimento patrimonial.

Más irregularidades 

La Contraloría reitera, además, que se evidenció el pago de mayores cantidades de obra de las ejecutadas por el contratista, en otras solo se efectuó el suministro de materiales como en el caso del piso de los baños públicos y la recepción.

De igual manera, lo anterior se vio reflejado en el descapote con máquina que consiste en remover, cargar y transportar los materiales provenientes de la obra que se estimó en cinco millones 763 mil pesos, además, de autorizar el pago de excavación común que correspondían a excavación manual y que se ejecutó mecánicamente con un sobrecosto calculado en 15 millones 853 mil pesos.

Según el informe de auditoría, esta actividad debió pagarse bajo la denominación de explanación y cajeo con unidad de medida metro cúbico/compactado y un valor unitario máximo de 11 mil 463 pesos conforme con la resolución 1000-0027 del 19 de febrero de 2014, expedida por la Administración municipal que establece los precios unitarios para la vigencia 2014. 

Sin embargo, en la propuesta presentada por Ferro se evidenció que presentó esta actividad con un costo de 20 mil 720 pesos el metro cúbico, lo cual conllevó al pago de un sobrecosto.  

Además, se ejecutó actividades que no prestan beneficio alguno al proyecto ni a la comunidad como sucedió en la impermeabilización de las placas que están ciento por ciento ubicadas debajo de la cubierta general del área nueva y en las que se invirtió nueve millones 905 mil 287 pesos. 

Y añade que con base en la instalación del adoquín que era en concreto y terminó siendo de arcilla, en la terraza cuatro se reflejó que la instalación de la sub base y base granular, el contratista aparentemente no cumplió con el espesor que debían tener las capas de 70 centímetros, encontrándose un espesor de 50 cm sin que se pueda diferenciar a simple vista la diferencia de material. 

Un experto en construcción de obras públicas, aseveró que esto es de vital interés, pues si no se puede reconocer el material de soporte, existiría la posibilidad de que se haya invertido mayores recursos a la aplicación de la sub base, más económica en el mercado y los dineros hayan sido destinados a otros propósitos. Por este motivo, la Contraloría precisó que existió un mayor valor pagado de 58 millones 258 mil pesos.

De igual forma, se debe establecer los argumentos, del por qué el contratista efectuó el cambio en las especificaciones del adoquín, pues si contempló que debía ser en concreto de acuerdo con los diseños, por sus características de resistencia ¿por qué se permitió la instalación en arcilla cuyo valor es menor? 

Por otra parte, en referencia a los enchapes y pisos, la Contraloría estableció que se incurrió en un  doble pago al no tener en cuenta que el suministro del material, incluía el alistado, es decir, la base de cemento y arena, lo que conllevó a un sobrecosto de un millón 92 mil 965 pesos.   

El papel de la supervisión e interventoría

La Contraloría criticó el papel del supervisor del contrato, arquitecto Carlos Hernando Díaz Botero, adscrito a la Secretaría de Educación municipal, quien no solo revisó la minuta del contrato como consta en el mismo, sino que permitió a la Alcaldía municipal incurrir en este tipo de riesgos económicos. 

De la misma forma, al interventor Consultoría Estructural y de Construcción S.A.S., Ceyco Ingeniería, representante legal, Guillermo Andrés Camacho Obregón, que es de su obligación sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado; así como la preservación de los principios de la función administrativa de eficiencia, eficacia y responsabilidad, y de la Gestión Fiscal. 

El órgano de control fiscal estableció a la falta del cumplimiento de las labores previstas por parte de la supervisoría e interventoría se permitió la autorización de pagos a Ferro, por actividades que se han ejecutado en cantidades inferiores a las consignadas en el acta de recibo o no se han ejecutado, con incumplimiento de especificaciones técnicas y sin practicar ensayos de control de calidad.

Además, se permitió el deterioro de elementos recibidos y cancelados al contratista, por inobservancia de los manuales de contratación. 

Parte antigua del Panóptico, empleada como taller de carpintería por parte del consorcio Panóptico y calificado como una falta por parte de la Contraloría.

Ficha técnica del Contrato 

Contrato: 2326 del 17 de septiembre de 2014
Objeto: Terminación de las obras civiles (Parte nueva) del proyecto panóptico de la ciudad de Ibagué. Fase 1
Contratista: Consorcio Panóptico Ibagué
Representante Legal: Hugo Miguel Ferro Molina
Valor: $1.851.491.505,6
Plazo: 120 días
Fecha de Inicio: 29 de septiembre de 2014.
Fecha Acta de Suspensión 01: 19 de diciembre de 2014.
Fecha Acta de Reiniciación 01: 19 de enero de 2015.
Estado Actual: En ejecución.

Ficha técnica de la Interventoría 

Contrato: 1456 del 05 de marzo de 2014
Objeto: Consultoría para la interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de terminación de obras civiles (Parte Nueva) del proyecto Panóptico.
Fecha de suscripción: 5 de marzo de 2014
Contratista: Consultoría Estructural y de Construcción S.A.S.
Representante Legal: Guillermo Andrés Camacho Obregón
Valor: $133.932.180,oo
Plazo: Seis meses.
Fecha de Inicio: 29 de septiembre de 2014.
Fecha Acta de Suspensión: 19 de diciembre de 2014.
Fecha Acta de Reiniciación: 19 de enero de 2015.
Estado Actual: En ejecución.

Y qué dirá Luis H.

El pasado 6 de marzo, en su intervención ante los medios, el alcalde Luis H. volvió a arremeter contra los que han llamado ‘elefante blanco’ a la obra y justificó que las demoras que se han registrado obedecen, en su criterio, a que “no queríamos cometer errores.

“Nos tomamos el tiempo necesario, y esperamos que los organismos de control también digan si nos equivocamos o no y que den una respuesta a las investigaciones de personas que generaron esta situación”.

El informe de la Contraloría municipal, detecta las primeras irregularidades de este contrato que se prevé será adicionado en cerca de 900 millones de pesos, para un total de dos mil 700 millones de pesos.

El monumento cultural un taller de carpintería y la posible adición  

La Contraloría Municipal detalló que el contratista Hugo Miguel Ferro tomó las instalaciones del Bien de Interés Cultural, la parte antigua, como taller de carpintería desconociendo la calidad del monumento y las cuantiosas inversiones de que ha sido objeto para su restauración.