El decreto 566 expedido el 29 de julio y que restringió por seis meses la expedición de licencias de urbanismo vence el próximo 29 de enero, pero la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Planeación ya trabaja en el decreto que impedirá la expedición de licencias de construcción para nuevos proyectos que se pretendan surtir y/o aprovechar del servicio de agua a través de los acueductos comunitarios.

De acuerdo con el director de Plan de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación, Ismael Molina, los acueductos comunitarios no podrán entregar disponibilidad de agua para nuevos proyectos, si no registran un Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano (Irca) menor a cinco.

“Nosotros estamos preparando un nuevo decreto, no ampliando el que se expidió, sino aclarando las condiciones en que se deben expedir las licencias de construcción y que solo se podrán expedir donde haya agua potable”, dijo el director del POT.

A su vez argumentó que esto permitirá “resolver el problema de manera radical”, ya que establece unas condiciones que los pequeños prestadores deberán acreditar para viabilizar los proyectos urbanísticos.

“No estamos generando ninguna restricción, pero estamos poniendo unas condiciones que se tienen que cumplir y que como lo ha dicho el Alcalde reiteradamente: donde haya agua potable, habrá licencias de construcción, donde no haya agua potable y el Irca sea mayor al cinco por ciento, no existirán posibilidades”, reiteró el funcionario.

De los 32 acueductos comunitarios en Ibagué, sólo los barrios La Gaviota, Ambalá y Modelia, suministran agua apta para el consumo humano, 12 registran un riesgo alto y otra docena con nivel de riesgo inviable.

Según Molina “si los acueductos comunitarios logran tener un Irca menor al cinco por ciento, podrán generar las disponibilidades y expedir las nuevas licencias, si no es así, no lo podrán hacer porque no están dando agua potable que es lo que exige la norma”, acotó Molina

Segundo requisito

Según el Director del POT, el decreto contempla no sólo que el agua esté reducida en su condición de infección, sino que además cuente con el volumen de agua para prestar el servicio que es una limitante fuerte para expedir la disponibilidad de servicios.

“Por un lado (los acueductos) tendrán que cumplir con el Irca y como segundo indicador con el Iraba, que es el índice que permite saber el volumen de agua necesario para el consumo humano. Si el Iraba lo certifica, podrán expedir la disponibilidad de servicios públicos”, dijo Molina.

El Índice de riesgo de abastecimiento de agua potable (Iraba) permite a las secretarías de salud medir qué tanto riesgo hay de que el suministro de agua se suspenda, y cuál es la cobertura del sistema de agua potable.

Según Vladimir Forero Serrano, vocero de la gerencia de la Contraloría General para el Tolima, la competencia legal para medir el Irca y el Iraba recaen sobre las secretarías de salud, que deben por obligación reportar esta información a la Superintendencia de Servicios Públicos.

Esta última es la encargada de activar todo el sistema nacional de salud ante niveles elevados del Irca, generando alertas para que se tomen los correctivos necesarios que continúen poniendo en riesgo la vida humana y la salud pública.

Por último, al ser cuestionado por la socialización de esta iniciativa con Camacol, gremio que representa al sector de los constructores en el país, el Director de Planeación, reiteró no ser necesario por ser una decisión que solo le corresponde a la Administración.

“Pienso que el problema, no es si lo debemos socializar, sino que si esos decretos son o no legales. Esos decretos son legales y es una función del municipio proteger la salud de la comunidad y eso no lo vamos a negociar.

“Esa es una responsabilidad de nosotros y no se la vamos a enchutar a absolutamente a nadie y lo vamos hacer cumplir: que el agua que haya en Ibagué sea agua potable, si no hay agua potable no habrá licencias de construcción”, concluyó.