Es regresiva la reforma tributaria presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos. Porque, de un lado, disminuye en 8.06 billones de pesos los impuestos a las empresas más poderosas de Colombia y el mundo -cada día el país les pertenece más a los magnates extranjeros- y del otro y para compensar, aumenta los tributos al pueblo raso y a las capas medias.

El gobierno que preside Juan Manuel Santos avanza en su decisión de favorecer a BHP Billiton-Cerro Matoso.

El 30 de septiembre próximo se elegirá a los 750 delegados al III Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo, evento que defi nirá su futuro político y organizativo.

Han estado movidas las cosas del agro, a mi juicio, para bien. Porque la Corte Constitucional declaró ilegal una reforma de tierras en extremo regresiva, se confirmó la manipulación de las cifras de restitución y hay dos proyectos de acto legislativo para impedir que los extranjeros se apoderen de los campos colombianos.

Según los contratos 866 y 1727 de 1963 y 1971, el 30 de septiembre de 2012 debe ser un día de fiesta en Colombia.

El gobierno está por tomar una decisión muy importante para el país, pues decidirá cómo serán las comunicaciones inalámbricas (celulares) con las nuevas tecnologías de cuarta generación (4G) para transmisión de voz y datos (internet) a altas velocidades, cambio que revolucionará el sector.

El próximo 30 de septiembre vencen los contratos de concesión 863 de 1963 y 1727 de 1971 entre el Estado colombiano y Cerro Matoso S.A., la trasnacional –es de BHP Billiton–que explota la mina de níquel de Monte Líbano, Córdoba. El fin de los contratos significa que 2.41 billones de pesos de activos de esa empresa pasan a ser propiedad exclusiva de la nación colombiana.

Lo que mal empieza, mal acaba, dice la sabiduría popular. Y le cae a la perfección al propósito del presidente Juan Manuel Santos y de todos los partidos de la llamada “unidad nacional” de hacer una reforma a la justicia diseñada para concentrar aún más el poder en el Ejecutivo.

No se sabe qué es peor, si el contenido de la reforma a la justicia o la manera como el gobierno consiguió el respaldo para aprobarla. En la Colombia de las decisiones con propósitos inconfesables, estas ocupan un sitio de honor –o de deshonor, más precisamente.

En el debate en el Senado demostré, por fuera de toda duda, que no se ha restituido ni una sola hectárea de tierra a ninguna víctima de la violencia en Colombia, verdad que aceptó el ministro de Agricultura.