Seguí con atención la audiencia pública en la Comisión 1ª del Senado sobre la jurisdicción agraria, con asistencia plena de sus miembros, de otros parlamentarios, ministros y tantas personas, gremios y organizaciones inscritas, que obligó a una nueva convocatoria; interés que muestra la importancia del tema y anuncia acalorados debates. 

La Comisión V de la Cámara se ocupó finalmente de la crisis lechera, aunque le dio a la ministra Carvajalino solo 15 minutos para exponer la dura realidad de 350.000 colombianos, en su mayoría pequeños ganaderos. 

Después de que el presidente afirmara que el atentado del ELN en Arauca prácticamente “cierra el proceso de paz con sangre”, al final del día la delegación gubernamental emitió un comunicado anunciando la suspensión y una eventual continuidad sujeta a una “manifestación inequívoca” de voluntad de paz.

El 9 de septiembre las disidencias de las Farc asesinaron a 12 personas en Cauca, y ayer nomás un ganadero cordobés fue asesinado a palo y sus dos acompañantes quemados. 

Crece la violencia rural y, aun así, el campo alimenta al país a pesar de que, en lugar de vías, escuelas, hospitales y apoyo a la producción para que no le toque, como a los ganaderos, llorar sobre la leche derramada, lo que recibe son arengas de odio y propuestas que, lejos de resolver problemas, son semillero de nuevas discordias.

El 27 de agosto se conoció un comunicado, supuestamente del ELN desde las montañas del occidente colombiano, desmentido de inmediato por la delegación de ese grupo ilegal en la mesa de negociaciones.

La crisis lechera es resultado de factores coyunturales y estructurales. La coyuntura está marcada por una caída del precio al productor, superior al 16% en 17 meses, acompañada de un incremento real del precio al consumidor del 82,8% entre 2021 y mediados de 2024, con el consecuente desplome del consumo, de 18 litros per cápita.

La crisis venezolana repercute en Colombia por la migración, el narcotráfico y la violencia, pues Venezuela es escampadero de grupos ilegales, principalmente el ELN, hoy con negociaciones congeladas.

El ultimátum es una amenaza extorsiva, y eso es el comunicado del ELN del 6 de agosto, como el del 3, a horas de terminar el cese al fuego, una extorsión para presionar la reanudación de los diálogos congelados por ese Grupo Armado Organizado (GAO).

Vencido el plazo del 3 de agosto para renovar una vez más el cese al fuego con el ELN, el proceso está congelado desde el séptimo ciclo de Caracas en el mes de mayo, cuando ese grupo ilegal acusó al Gobierno de perfidia y de romper la bilateralidad de los diálogos al negociar con el frente disidente “Comuneros del Sur” en Nariño.